El grupo socialista exigirá que el Consell de Mallorca inicie un 'incidente de nulidad' del auto del TSJIB que acepta los terrenos de Muleta II como urbanos en una moción que presentará mañana en el pleno de dicha institución.
"Exigimos al Consell que defienda los intereses de los ciudadanos y agoten las vías legales, igual que se está haciendo en el hotel de Sa Ràpita", explican ya que "el Consell está para defender a los ciudadanos, y no a los constructores ni a los especuladores".
Además, el diputado Jaume Carbonero presentará una Proposición No de Ley en el Parlament para que los informes que dictaminan si un suelo transformado es urbano sean realizados por técnicos de los consells insulares.
Estas acciones se encuandran dentro de la movilización que el PSIB ha puesto en marcha para paralizar el proyecto Muleta II en Sóller ya que, según este partido, la decisión judicial que la autoriza se ha tomado en base a un informe pericial que cuenta con grandes errores y marcan un precedente "muy preocupante" de desprotección del territorio en las islas.
"Imaginemos la costa de Andratx en el Port de Sóller: esto es lo que podría llegar ha pasar", ha explicado Carbonero, quien ha asegurado que "la desprotección y urbanización de espacios actualmente protegidos que hayan sufrido alguna transformación urbanística, como es el caso de Muleta II, es actualmente un riesgo importante por la disposición primera de la Ley Company, en la que se establece que se puede incorporar suelo urbano si cuentan con los servicios plenamente funcionales y suficientes", algo que, según el PSIB, no se cumple Muleta II.
La formación asegura que este error en el informe es la principal causa de que el TSJIB haya sido inducido a error, aceptando el acuerdo entre el Govern y el empresario Matthias Kühn, del que el PSIB considera que "ha recibido un regalo".
Además, los socialistas consideran que lo más grave del asunto es el precedente que podría marcar en cuanto a desprotección de otros espacios naturales.
La Proposición No de Ley de los socialistas estará dirigida a que el Parlament inste al Govern a redactar un reglamanto porque "la acreditación de la plena funcionalidad y suficiencia de los servicios urbanísticos exigidos por la disposición adicional de la Ley 7/2012 sea dictaminada por los consells insulares correspondientes". De este modo, aseguran, los informes los harías técnicos de los consells, empleados públicos que emiten una resoluciçon administrativa que se puede contrastar.
3 comentarios
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Más valdría conocer los nombres de los peritos. Si se han equivocado, habrá que pedirles responsabilidades y sancionarlos por irresponsables.
Los mallorquines no podemos consentir que destrocen ya más nuestra tierra. ¡YA BASTA!. Matias Kühn ¡FUERA DE MALLORCA! aquí ya has hecho bastantes destrozos para tu lucro personal.
El miserable TSJIB defiende el honor de los Kapos del hacinamiento y la inmundicia.Ya no llueve en Mallorca.Se han cargado la isla.