El cierre del camino, que fue excluido por el Ajuntament del catálogo municipal de bienes hace unos meses, impide que se puedan fotografiar las obras de derribo que realiza el Consistorio. El Ajuntament está obligado por el juez a completar la demolición después de que hayan sido anuladas judicialmente las licencias municipales de obra en las que se amparaba la construcción.
Aunque el camino consta como de titularidad privada desde que el Consistorio lo excluyó de su inventario, el vecino que denunció las obras ilegales, asegura tener escriturado un derecho de paso sobre esta vía.
El Consistorio no ha querido intervenir en la discusión al no constar el Camí de Biniatzent como una vía de titularidad municipal.
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El propietario de la edificación ilegal sigue "moviendo los hilos" en el Ajuntament de Mancor de la Vall. Primero hizo que le concedieran las licencias ilegales, en zona protegida ANEI, que han sido anuladas por el Juez y que son objeto de la demolición, después hizo que el Ajuntament excluyera del Catàleg de Camins del Consell el camino que ahora ha cerrado con candado, incluso para los vecinos de las fincas contiguas. Finalmente ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial de alrededor de 600.000 euros que el Ajuntament de Mancor tendrá que afrontar, además de los 111.000 euros del coste de la demolición y que supondrán un coste total de 551 euros a cada mancorí. Todo un ejemplo de BUENA GESTIÓN... si señor.