El Juzgado de Instrucción número 1 de Inca investigará a instancias de la Fiscalía Anticorrupción si existe una relación entre la suspensión de la normativa urbanística en Formentor, que impide de hecho las parcelaciones, y la negativa de los propietarios a pagar al Ajuntament de Pollença 4 millones de euros por el desarrollo urbanístico de la zona.
Esta es una de las cuestiones que apunta el abogado Leopoldo de Miguel en el escrito que dirige a la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación urbanística contra el alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía. De ahí que entre los testigos que propone el denunciante esté el empresario Simon Pedro Barceló, propietario del hotel Formentor.
El escrito dirigido al fiscal obvia que la suspensión del planeamiento en Formentor responde a una sentencia judicial a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la propia urbanización (el mismo que denunció el chalet de Alfonso Cortina). El Tribunal Superior de Justicia de las Balears suspendió el planeamiento porque no superó los trámites mediambientales debidos.
El escrito dirigido por el abogado De Miguel a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ultima Hora, parte de la paralización de la urbanización del Vilà pero extiende su argumentación a otras urbanizaciones mediambientalmente sensibles como son La Huerta de la Font, el Ullal, Gotmar, Formentor, Llenaire, Cala Carbó y Can Botana vinculando su paralización a la negativa de los propietarios a pagar el 15 por ciento de aprovechamiento del suelo que exige el alcalde y que el denunciante cifra en tres millones de euros para la Font y el Vilà y cuatro millones de euros para Formentor.
Este hecho, sumado a la citación de testigos vinculados a estas urbanizaciones y otros como el arquitecto Rafel Morro, con el que el alcalde Cifre dice tener una «enemistad manifiesta», han puesto en alerta a los conservacionistas y también al PSM y Alternativa (en la oposición) que al igual que el alcalde desconfían del interés de la denuncia.
7 comentarios
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Los únicos que se han salvado de esta quema son los que están cerca del Ayuntamiento, los demás están pagando el pato de todo lo construido en Pollensa.
Muchas personas hablan de leyes, de ética, del control del poder judicial etc etc etc. Realidad: un 90 % de edificaciones en suelo rustico, o sea lo normal, SON ILEGALES, y a lo mejor hay demolición (restauracion de la legalidad), en un 1 por mil. Luego la isla parece una gran urbanizacion, y ya es frecuento suelo rustico o campo, en que hay más hormigon que tierra
Una costa llena de inmundicias.
"Conservador": de acuerdo, pero el interés público lo fija normalmente la ley y no las opiniones de cada menda.
La separació de poders és imprescindible perquè pugui funcionar un Estat i, en conseqüència, una societat, però és més que rellavant que l'oposició doni suport al batle (el que també diu molt a favor d'alternativa i PSM de Pollença). Que vull dir, que la Fiscalia, en aquest cas concret, s'hauria de llegir dues vegades la denúncia i perdre cinc minuts més en llegir entre línies abans de passar-ho al jutge. Socialment, ens estalviariem doblers, els jutjats tindrien més temps per avançar en qüestions importants i sobretot la imatge de Tomeu Cifre no quedaria tacada per una falsetat. Ser polític no sempre és sinònim de lladre.
Si ho he entès bé, no ho entenc. Amb independència de qüestions ambientals. L'ajuntament demana una part de les plusvàlues urbanístiques als propietaris, les que preveu la llei, i la fiscalia accepta una denuncia per fer complir la llei? Darrerament no entenc algunes actuacions dels fiscals, sembla que es botaren algunes classes i tramiten algunes denuncies precipitadament. Si no hi ha res més, esper que tot el consistori faci pinya en això.
Hay que entender que el interés público priva sobre cualquier otro interés, obviamente sobre expresión cualquiera de las formas de especulación urbanística. Preservar el medioambiente y los valores paisajísticos es un derecho de las generaciones presentes y futuras de mallorquines, que reclama las garantías judiciales y políticas