El juez investigará si la suspensión del planeamiento en Formentor es una represalia. | Elena Ballestero

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Inca investigará a instancias de la Fiscalía Anticorrupción si existe una relación entre la suspensión de la normativa urbanística en Formentor, que impide de hecho las parcelaciones, y la negativa de los propietarios a pagar al Ajuntament de Pollença 4 millones de euros por el desarrollo urbanístico de la zona.

Esta es una de las cuestiones que apunta el abogado Leopoldo de Miguel en el escrito que dirige a la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación urbanística contra el alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía. De ahí que entre los testigos que propone el denunciante esté el empresario Simon Pedro Barceló, propietario del hotel Formentor.

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El escrito dirigido al fiscal obvia que la suspensión del planeamiento en Formentor responde a una sentencia judicial a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la propia urbanización (el mismo que denunció el chalet de Alfonso Cortina). El Tribunal Superior de Justicia de las Balears suspendió el planeamiento porque no superó los trámites mediambientales debidos.

El escrito dirigido por el abogado De Miguel a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ultima Hora, parte de la paralización de la urbanización del Vilà pero extiende su argumentación a otras urbanizaciones mediambientalmente sensibles como son La Huerta de la Font, el Ullal, Gotmar, Formentor, Llenaire, Cala Carbó y Can Botana vinculando su paralización a la negativa de los propietarios a pagar el 15 por ciento de aprovechamiento del suelo que exige el alcalde y que el denunciante cifra en tres millones de euros para la Font y el Vilà y cuatro millones de euros para Formentor.

Este hecho, sumado a la citación de testigos vinculados a estas urbanizaciones y otros como el arquitecto Rafel Morro, con el que el alcalde Cifre dice tener una «enemistad manifiesta», han puesto en alerta a los conservacionistas y también al PSM y Alternativa (en la oposición) que al igual que el alcalde desconfían del interés de la denuncia.