Si antes los consistorios apenas recurrían al máximo órgano consultor de las Balears (algunos lo hacían con reticencias incluso en los casos en que era obligatorio), el aumento de la conciencia sobre las consecuencias del urbanismo ilegal, especialmente desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción, ha disparado el número de solicitudes hasta el punto de que el Consell Consultiu se ha visto obligado a denegar algunas consultas que deben resolverse dentro del seno de los propios ayuntamientos.
En los últimos años ha habido casos sonados: la vivienda de Hidalgo en Andratx, la orden de demolición del Pont del Riuet de Porto Cristo, la demolición por orden judicial de una vivienda que tapaba las vistas del Calvario en Pollença... Propietarios que construyeron con licencias anuladas ahora por la Justicia reclaman pagos millonarios.
Los ayuntamientos buscan la seguridad jurídica que les otorga un órgano de prestigio como el Consell Consultiu a la hora de decidir sobre asuntos urbanísticos delicados, pero su papel, cuándo y sobre qué cuestiones debe informar, está claramente descrito por ley.
Se dan fundamentalmente cuatro supuestos. En primer lugar están las edificaciones hechas con licencia municipal contra la normativa. El Ajuntament puede anular la licencia mediante una revisión de oficio, pero precisa un dictamen favorable del Consell Consultiu, que es vinculante. «Es algo que se ha producido muchas veces, por error, por malas artes o por ganas de complacer...», explica el presidente del Consell Consultiu, Rafael Perera.
Hay un segundo supuesto, el de viviendas construidas con una licencia presunta. «Es decir, el Ajuntament calla y el promotor obtiene licencia por silencio administrativo», dice Perera. En este caso, el Ajuntament también puede anular la licencia con un informe favorable del Consell Consultiu.
El tercer supuesto se refiere a las viviendas construidas sin licencia. Las que incumplen la normativa se pueden anular previa solicitud de informe al Consell Consultiu, en este caso no vinculante. El cuarto y último supuesto se refiere a las edificaciones realizadas en terrenos cuya naturaleza impide que la licencia sea autorizable (ANEI, zonas verdes...). Son los casos más sonados mediáticamente. Son delitos urbanísticos en los que interviene la Fiscalía.
8 comentarios
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Quedan excentos, los municipios de Calvià y Andratx. Allí ni tan siquiera saben que existe una ley de costas
Consell de elefantes que han sabido vender su cargo y jovenzuelo a sin experiencia, pero afiliados de apellido. De asco ese Consell. De qué? AU!
Mucho bla bla bla, pero lo cierto es que el paisaje y el ecosistema de mallorca esta destrozado, el campo parece una urbanización, eso sí casi todo ilegal.
El tercer supòsit no té cap sentit: com es pot anul.lar una llicència que ni tan sols s'ha concedit? Això fa que s'hagi de posar en entredit tot quant es diu en aquesta notícia.
Que se den un paseo por el término municipal de Alcudia, y si no quieren, sólo con una miradita por google maps se ve la cantidad de construcciones que no respetan mínimamente la distancia hasta la playa... y el ayuntamiento hace algo?
en un pais teoricamente del primer mundo, con constitucion, democrático, respetuoso con el medio ambiente etc etc etc. Tiene que en Mallorca el 90 % de edificaciones en suelo rustico son ilegales, o sea lo normal es lo ilegal. Luego nos quejamos de los políticos corruptos y esos son los representantes de una sociedad corrupta
Los ayuntamientos de la part forana tienen un problema: son demasiado pequeños en presupuesto para poder enfrentarse con estas materias sín gastar inmersas o imensas cantidades de dinero. Un pueblo de dos o cinco míl habitantes no debería autogobernarse en todas las materias. Se vé en los fraudes urbanísticos de las últimas décadas.
Em costa comprendre que s'hagui demanar un informe (no vinclant, hom diu) al Consell Consultiu per a una obra construïda sense cap llicència. Aquest problema hauria de ser tractat pel Ajuntament amb els seus juristes i els suport del Consell.