El Ajuntament de Alaró, cuyo equipo de gobierno lo conforman PSOE y MÉS, emitió este viernes un comunicado en que avisaba que podría verse obligado a desembolsar hasta seis millones de euros si las varias demandas judiciales interpuestas en los últimos años contra el organismo o las resoluciones que éste ha dictado le resultan desfavorables. El gobierno considera que los ciudadanos «deben saberlo».
«Temas como la adquisición del solar de la calle Blanca de Son Penyaflor, la regeneración del vertedero del Puig, el convenio urbanístico del Camp Roig, la sentencia de derribo del edificio de pisos del Fantasio (con el drama familiar que ello representa) o nuevas reclamaciones de vecinos que exigen que el Consistorio efectúe expropiaciones previstas en la normativa urbanística del 2003 hacen que los alaroners de ahora, pero también las generaciones del futuro, tengan que soportar una carga que supera el presupuesto anual», advierte el nuevo gobierno. El presupuesto anual asciende a cuatro millones de euros.
Aseguran en su escrito que van a «luchar para negociar acuerdos» y que presentarán los recursos judiciales que consideren con tal de defender los intereses del pueblo, pero «tenemos claro que en algunas de esas cuestiones hace años que existen resoluciones de tribunales que señalan que la factura de todo, finalmente, tendrá que pagarla el Ajuntament y, por lo tanto, todos los ciudadanos».
«Ahora nos toca afrontar las consecuencias negativas de una determinada manera de gestionar». «No se trata de entrar a buscar culpables políticos ni rehuir el difícil reto que tenemos delante sino de hacer una descripción clara de dónde nos encontramos y por qué», añaden.
Aunque el PP ha gobernado las dos últimas legislaturas en Alaró, no todos los casos judiciales citados más arriba son consecuencia de sus decisiones.
2 comentarios
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Mil millones de pelas. Que seis milones no suena a nada. Y ¿quienes los pagan?.... Nadie, porque el dinero público no es de nadie. Y luego dicen que hay pobreza. Lo que hay es un careto de marca mayor.
Es muy curioso que la administración tenga tantos privilegios cuándo actúa contra los ciudadanos (autotutela,prohibida en el código penal ) y sea tan blanda con las empresas que se aprovechan de los dineros públicos.La administración (todas) debería tener justicia gratuita para hacerlo.No tiene sentido que los ciudadanos (de los que emana la justicia) estén obligados a pagar los pleitos cuándo considera que el interés general se lesiona.Los políticos y sus adláteres se preocupan mucho de exprimir al ciudadano en todas las situaciones posibles.