Imagen de la histórica manifestación reivindicando el libre paso por el Camí de Ternelles hasta Cala Castell. | Teresa Ayuga

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El nuevo proyecto de Ley de Evaluación Ambiental de las Illes Balears que se está tramitando en el Parlament abre una nueva puerta para garantizar la servidumbre pública de paso a través del Camí de Ternelles hasta Cala Castell, puenteando la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que anuló en septiembre de 2015 la servidumbre de acceso al mar.

El TSJB dejó sin efecto la servidumbre de paso reconocida por el Supremo alegando que la zona costera estaba incluida en una zona de exclusión que impide los usos recreativos y turísticos.
Zonas de exclusión

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental en su disposición final segunda permite el uso de acceso al mar en zonas de exclusión.

La propiedad de Ternelles ha presentado alegaciones contra el citado proyecto de ley en el trámite parlamentario acusando directamente al Govern de eludir «cualquier trámite de participación ciudadana» e infringir «de forma grosera y palmaria» la normativa internacional, europea, estatal y autonómica sobre participación pública en la elaboración de normativas ambientales.

La clave está en que la modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) no estaba en la redacción originaria, sino que surge en el trámite de alegaciones interadministrativo a propuesta de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat por lo que no ha sido sometida a exposición pública.
La propiedad de Ternelles considera «inconstitucional» la nueva disposición, porque «intenta de forma palmaria y evidente dejar sin efecto lo resuelto en resolución judicial».

La Fundació del Voltor Negre también ha presentado alegaciones contra el nuevo proyecto de ley y advierte de un «riesgo inadmisible para los hábitats protegidos en las zonas costeras al permitir usos culturales, de visita o de tráfico por caminos o senderos sin variar la definición de hábitat de especial protección».

Cabe recordar que las autorizaciones de paso que actualmente da el Ajuntament no permiten transitar por zonas de exclusión.