El exalcalde de Lloseta, expedientado por el PI por grabar conversaciones privadas

Una de las conversaciones grabadas es la que Moyà mantuvo con un destacado miembro de la dirección de la formación en la que hablaban de las negociaciones que el PSOE y el PI mantenían entonces sobre la revisión de su acuerdo de gobierno. Moyà filtró luego esta conversación en un chat de whatsapp y en una reunión posterior del comité local del PI admitió que efectivamente la había efectuado. Añadió que había grabado a otros dirigentes del partido y consideró que no requería de la autorización de sus interlocutores para hacerlo.

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Estas actuaciones vulnerarían los estatutos del PI, que califican de infracción muy grave al «atentar contra cualquiera de los derechos y deberes fundamentales de los afiliados reconocidos en la Constitución Española».

Moyà habría cometido otra infracción muy grave, según los estatutos del PI. A mediados del mes de septiembre, ocupando entonces el cargo de alcalde, requirió la presencia de los agentes de la Policía Local en un bar de Lloseta para que practicaran una prueba de alcoholemia a dos personas que compartían mesa con él. En un plenario trató de justificarse alegando que lo había hecho con el objetivo de evitar que estas personas pudieran coger su vehículo. El PI considera que el exalcalde pudo cometer un abuso de poder impropio de la autoridad municipal, un supuesto que también vulnera los principios de la formación.