El GOB ha recordado que el nuevo proyecto se suma a otras dos grandes infraestructuras energéticas previstas en la zona. | GOB

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El grupo ecologista GOB ha presentado alegaciones en contra de un nuevo proyecto de planta fotovoltaica en Llucmajor y ha advertido de que el hecho de que no se declare la zona como de Especial Protección para las aves (ZEPA), como reclama desde hace años, posibilita esta y otras grandes infraestructuras.

Esta semana ha finalizado el periodo de exposición pública del proyecto para instalar una planta de producción de energía fotovoltaica en la zona de Sa Caseta, que ocuparía 25 hectáreas en el corazón de la Marina de Llucmajor, ha informado el GOB en un comunicado.

Esta zona ha sido objeto de reiteradas peticiones de protección por parte del GOB desde hace 5 años debido a su importancia ornitológica. El Plan Director Sectorial de Energía no permite la instalación de grandes parque fotovoltaicos en las zonas protegidas.

Según la información científica que ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, la Marina de Llucmajor debería ser declarada ZEPA en cumplimiento de la directiva de protección de las aves silvestres de la Unión Europea.

El GOB ha recordado que el nuevo proyecto se suma a otras dos grandes infraestructuras energéticas previstas en la zona: otra planta fotovoltaica que ocuparía 50 hectáreas en la finca de s'Àguila, y una línea de alta tensión con 110 torres de 40 metros de altura que atravesará la Marina.

El GOB ha informado de la situación a la Comisión Europea, al considerar que las autoridades baleares estarían incumpliendo sus obligaciones en relación con la directiva de aves al no declarar la ZEPA y permitir el desarrollo de estos proyectos que alteran sensiblemente las condiciones ambientales.

La entidad considera que la implantación de las energías renovables no debe ser incompatible con la conservación de espacios naturales excepcionales, como la Marina de Llucmajor.

Es partidaria de la implantación de proyectos adaptados al territorio insular, que mejoren la descentralización de la producción y democraticen el acceso a la energía.

Según el GOB, las plantas fotovoltaicas representan la implantación en suelo rústico de grandes instalaciones de carácter industrial para satisfacer un negocio privado y ha criticado que «la implantación de usos industriales en rústico, implica la transformación indeseable de los usos del suelo rústico, sometido ya a muchas presiones que desvirtúan la que debería ser su única vocación: los usos primarios».

Según la entidad, son proyectos que solo buscan la rentabilidad económica por lo que requieren ocupar grandes extensiones de terreno para garantizar dicha máxima rentabilidad.

El GOB ha expuesto estos argumentos en el documento de alegaciones al proyecto de parque Fotovoltaico de santa Cirga, que considera válidos también para el de sa Caseta porque aunque sea de dimensiones más reducidas, implica efectos sinérgicos con el otro parque fotovoltaico proyectado en la Marina de Llucmajor y entre ambos sumarían más de 60 MW instalados y cerca de 80 hectáreas cubiertas por placas solares en una zona de alto valor ecológico.

El GOB ha pedido a Medio Ambiente celeridad con la declaración de nuevas ZEPA y ha advertido de que la protección para la Marina de Llucmajor puede llegar tarde si mientras tanto se van aprobando y desarrollando los grandes proyectos energéticos que se están tramitando en la zona.