En el escrito de alegaciones presentado ante la Autoritat Portuària, la entidad ecologista recuerda que la APB ya concedió en 2010 una concesión a la sociedad Sitges Reunides SL para construir un centro de almacenamiento de cemento en el dominio público portuario similar al que se pretende hacer ahora. La Autoritat Portuària estableció entonces que el adjudicatario (Sitges Reunides) le debía abonar 569.000 euros al año en tasas y otros conceptos.
No obstante, Sitges Reunides renunció a la concesión. El GOB denuncia que ahora la APB se dispone a dar una concesión similar a la otorgada en 2010 a la sociedad Transpulve 2009 pero cobrándole un cantidad netamente inferior en tasas. Según la entidad ecologista, Autoritat Portuària ingresaría solo 131.000 euros frente a los 569.000 de 2010, cuando el aprovechamiento sería «similar». Teniendo en cuenta que se proponía un plazo concesional de 18 años, la Autoritat Portuària dejará de ingresar 7.879.000 euros, según los cálculos realizados por la entidad ecologista.
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