La zona de exclusión de Cala Castell limita el acceso por el Camí de Ternelles hasta el mar. | Elena Ballestero

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El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, deberá responder ante el Parlamento Europeo sobre la gestión pública que realiza el Govern balear en la Serra de Tramuntana.

Así se lo exige Cecilia Wikström, presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras analizar la petición que Juan José Sánchez, director de la Fundació Vida Silvestre del Mediterráneo (fallecido hace ahora un año) formuló en 2016 en Bruselas advirtiendo de una rebaja de protección en las zonas de exclusión en las que cría el buitre negro, como consecuencia de la modificación de la Ley de Impacto Ambiental aprobada en el Parlament balear en agosto de 2016.

Wikström ha remitido ahora una carta al conseller Vidal en la que le informa de que en su reunión del día 11 de octubre de 2017 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinó la petición formulada por Juan José Sánchez lo que dio lugar a «un debate animado en donde se decidió pedir a las autoridades españolas datos sobre su gestión en la Serra de Tramuntana; así como pedirles el pleno cumplimiento de las directivas Habitats y de Conservación de las aves silvestres». «Dichos datos serán de gran utilidad y serán discutidos en una futura reunión de la Comisión de Peticiones», añade.

Presión humana
Tras el cambio normativo la fundación para la conservación del buitre negro encargó un estudio a la Universidad de Alcalá sobre los riesgos asociados a la nueva Ley de Impacto Ambiental y denunció lo que consideraba como una rebaja de protección ante el Ministerio de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo.

El informe realizado por la Universidad de Alcalá advertía de que de los 11,8 millones de turistas que visitaron Mallorca en 2015, 211.471 personas pernoctaron en alojamientos turísticos dentro del paraje natural de la Serra y estimaba que 300.000 senderistas caminarían por la Serra entre octubre y abril.

Hasta la modificación de la Ley de Impacto Ambiental había 1.878 hectáreas en las que solo se permitía el uso científico pero no de ocio o recreo y que estaban blindadas a los excursionistas. Aunque en la práctica el Govern no ha llegado a emitir ninguna autorización de acceso de excursionistas estudia hacerlo en las zonas de exclusión de la finca de Ternelles para garantizar el acceso a Cala Castell.