En un principio, la Fiscalía pedía más de 14 años de prisión para cada uno de los cinco acusados, socios de la empresa y miembros del Consejo de Administración de la misma pero en una vista previa que ha tenido lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la Abogacía de la Comunidad ha determinado que «no hay problema» en llegar a un acuerdo de conformidad una vez se comprueben los pagos y se precisen una serie de detalles.
Según ha explicado el abogado defensor, el pago sería de 2,4 millones de euros en vez de 2,6 millones, como se pide en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, porque el supuesto delito realizado en el año 2009 habría prescrito, pero ha informado de que se han pagado las liquidaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.
Con esto, se han fijado los días 23 y 24 de abril para llevarse a cabo el juicio, que puede acabar en conformidad si las partes acaban aceptando los términos propuestos. El Ministerio Público acusa a los administradores de la empresa de haber dejado de ingresar, pese a conocer sus obligaciones tributarias, la totalidad de las liquidaciones correspondientes al canon de saneamiento entre 2009 y 2012.
En concreto, la Comunidad Autónoma dejó de ingresar un total de 2,6 millones. Después de la incoación del procedimiento, los acusados abonaron medio millón de euros. Por estos hechos, los acusados deberán responder por un presunto delito contra la Hacienda Pública, por el que el Ministerio Fiscal solicita multas de 9,8 millones de euros.
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