Las tradicionales celebraciones veraniegas mallorquinas, la famosas verbenas, van ligadas al consumo de alcohol, que ponto estará mucho más regulado. | Nuria Rincón

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El ‘botellón' en la Part Forana estará pronto definitivamente regulado, incluidas las famosas verbenas y la venta en bares y similares. El president del Consell, Miquel Ensenyat, presentará este jueves a la asamblea de alcaldes el proyecto de ordenanza –a la que ya han confirmado su adhesión una treintena de consistorios– que consta de 36 artículos que regulan todas las actividades ligadas al consumo de alcohol y prevé sanciones que van desde los 300 euros hasta los 100.000, en casos de máxima gravedad. Los ayuntamientos deberán tener medios necesarios para intervenir cuando se produzca el consumo de alcohol por parte de menores en la vía pública. Y se habrán de promover actividades y programas para prevenir contra la adicción al alcohol.

La mayor sanción prevista de 10.000 a 100.000 euros sería para quienes ejerciesen «la venta y suministro de bebidas alcohólicas sin disponer del correspondiente título habilitante en materia de actividades». Consumir alcohol en la vía pública perturbando la tranquilidad de la zona tendrá sanciones de cien a 600 euros. A su vez, no disponer de la documentación preceptiva en el lugar donde se desarrolla la actividad puede ser sancionado hasta con 1.000 euros. Dispensar bebidas en envase de cristal o lata en lugares abiertos (excepto terrazas) tendrá una sanción de 750 euros. Entre las infracciones graves se encuentra el incumplimiento de las medidas de protección del menor, donde la multa puede llegar a los 10.000 euros cuando se suministre alcohol a los que no tienen la mayoría de edad. El acceso de los menores a los locales de consumo también está regulado. A su vez, habrá 10.000 euros de multa para los establecimientos que sirvan alcohol fuera de los horarios establecidos. En el caso de infracciones leves cometidas por menores al consumir alcohol en la vía pública se prevé la suspensión de la sanción si la persona infractora o sus padres o tutores acuerdan una actividad educativa o, en caso de necesidad, terapéutica.

De esta manera, el Consell entra de lleno en la política ‘antibotellón', tanto en la verbenas como en las zonas turísticas.