El Govern cederá las antiguas cámaras agrarias a las tres organizaciones del sector

En la pasada legislatura el Govern de José Ramón Bauzá sacó a subasta los distintos edificios pero solo algunos de ellos se vendieron. Fueron los de Vilafranca y dos locales en Palma. El resto de edificios o locales siguen en manos del Govern; Sant Joan, Consell, Sencelles, Montuïri, Felanitx, Llucmajor y distintos pisos en Palma. Se trata de unos edificios que eran propiedad de los payeses locales de cada municipio. Fue un patrimonio sindical pagado con las cotizaciones de los payeses y que después fue a parar al Govern que, en 2006, con Margalida Moner de consellera de Agricultura, se inició el proceso de liquidación que, a día de hoy, aún perdura.

Cada edificio tiene su particular historia y algunos de ellos, como es el caso de Llucmajor lleva años siendo utilizados como sede de la cooperativa local. Otros han sido empleados como almacén por los ayuntamientos. Ahora con la nueva ley, en tramite, estos inmuebles se cederán a las organizaciones en función de los porcentajes correspondientes a cada entidad. Después estas asociaciones podrán alquilar o vender estos inmuebles y su rendimiento deberá repercutir directamente en los payeses y el campo mallorquín.

Desde la Conselleria, Guillem Rosselló, gerente de Fogaiba, señala que «en la actualidad los distintos alquileres que perciben de estos inmuebles ya son destinados a las asociaciones agrarias».

Usos

En algunos municipios existe cierto interés desde algunas asociaciones locales en poder utilizar estos espacios, pero tal vez, deberían ser los ayuntamientos los que adquirieran los inmuebles. Rosselló indica que «los ayuntamientos podrán optar a los edificios siempre y cuando las organizaciones agrarias se los vendan». La ley también contempla la cesión a los ayuntamientos pero se indica que será «siempre que queda garantida la conservación y aplicación o otros substitutivos a los fines y servicios de interés agrario».

Entre los activos procedentes de la cámaras agrarias también existe un paquete de acciones de Iberdrola, que en la actualidad tienen un valor de entorno a los 200.000 euros y que también se deberán distribuir entre las tres organizaciones agrarias.

La futura ley señala que el reparto de los inmuebles y de estas acciones se realizará «teniendo en cuenta el porcentaje de obtención de ayudas por las organizaciones profesionales agrarias en la medida de las dos ultimas convocatorias de ayudas».