Los ayuntamientos de Mallorca tendrán dos años para habilitar la recogida de residuos peligrosos

Con esta normativa, todos los consistorios estarán obligados a ofrecer a sus ciudadanos un servicio gratuito de recogida de residuos peligrosos, bien sea a través de puntos verdes o vertederos, o bien a través de la recogida a domicilio. «Cada ayuntamiento podrá dar el servicio como quiera ya que tienen autonomía para ello, tanto de forma individual o mancomunada como hacen con otras recogidas», explica el director general de Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó.

Se entiende por residuos peligrosos los que suponen un peligro, actual o potencial, para los humanos u otros organismos vivos. Entre ellos, los residuos domésticos peligrosos más comunes son las pilas, baterías de coche o móvil, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, medicamentos, filtros de aire acondicionado, tóners de impresoras o pinturas y disolventes, entre muchos otros. Algunos electrodomésticos como las neveras también contienen elementos considerados peligrosos.

«Es importante que todos los ciudadanos tengan un lugar donde depositar este tipo de residuos, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos», añade Sansó que recuerda que este Plan director está relacionado con la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes que está en tramitación en el Parlament y que prevé que se apruebe en breves semanas.

El Plan de Residuos Peligrosos prevé un plazo de 24 meses para que los ayuntamientos tengan tiempo de acondicionar sus puntos verdes o vertederos a esta normativa con el objetivo de recudir en un 10 % el peso de los residuos peligrosos en 2021. En la actualidad existen deixalleries en 52 municipios de Mallorca, aunque no todas ellas están acondicionadas para su correcta recepción y posterior almacenamiento. Para ello, Sansó recuerda que el Govern establece ayudas para que puedan adecuarlos «como ya han hecho el Ajuntament de Campos o el de Mancor», explica el director general. Además, también se prevén ayudas europeas Feder y de la propia Conselleria de Medi Ambient para adecuar los puntos verdes a un sistema informático homogéneo «que nos permita tener datos reales de todos los residuos que se recogen», añade Sebastià Sansó. En total se destinarán cinco millones de euros para su adecuación.

Desde Medi Ambient señalan también la importancia del control de estos puntos verdes o deixalleries. Sebastià Sansó explica que durante esta legislatura se han fomentado las inspecciones y el control de vertidos ilegales. Así, por ejemplo, se cerró un punto no autorizado en Manacor. «En 2015 las sanciones por vertidos ilegales alcanzaron los 9.000 euros, mientras que en 2017 esta cifra alcanza los 400.000», ejemplifica el director general. Sansó matiza que la intención del Govern no es recaudatoria, sino que prevé velar por la correcta gestión de los residuos como herramientas de sostenibilidad para nuestro entorno.