La sentencia estima un recurso de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) contra la resolución, que declara no ajustada a derecho porque las funciones de seguridad y regulación del tráfico corresponden a los agentes de la Policía Local.
En la resolución judicial se enumeran diversas leyes y normas con las que el juez sustenta Protección Civil no puede ordenar el tráfico, y que en todo caso puede operar «como personal auxiliar» de la Policía Local, «siempre bajo su supervisión y nunca sustituyéndola en sus funciones».
Asimismo, según ha informado UGT, el juez considera acreditado que en la maratón del Carmen de 2017 sólo pudieron participar cuatro policías cuando «son necesarios 19 o 20», y que la actividad realizada por los miembros de Protección Civil iba «más allá de la mera colaboración».
La sentencia, que condena en costas a la Administración, no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.
En una nota de prensa, FeSP-UGT ha mostrado «satisfacción» por que se haya ratificado que la «falta de personal policial» no puede ser suplida con las agrupaciones de Protección Civil.
«Las decisiones políticas siempre tienen que estar sujetas a la legalidad», ha señalado la organización sindical, que «agradece la labor de los voluntarios de Protección Civil, pero dentro de la ley».
«La responsabilidad en temas de seguridad es un tema muy regulado, por ello se debe hacer con la máxima seguridad jurídica», ha argumentado el sindicato.
El secretario de Administración Local de FeSP-UGT, Guiem Coll, ha argumentado que si se produjera un incidente podrían derivar «serios problemas para la ciudadanía y las personas que realizan labores ajenas a su cometido». «Nunca pasa nada, hasta que pasa y, en esos casos, lo frecuente es que nadie quiera asumir responsabilidades e intentar que las asuman los más débiles», ha avisado.
3 comentarios
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Tomeu, no digas tonterías. Si llamas "acuerdo" ala Ley Orgánica de Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad, LO 2/86, vamos apañados. Es más, debería darte vergüenza los números que saca la Delegación de Gobierno con respecto a delitos esclarecidos por los cuerpos estatales, un tercio, aproximadamente, de los delitos denunciados, y muchos de ellos resueltos, in fraganti, por las policías locales y anotados a los del Estado. Con respecto a la noticia, los costes de esta sentencia los debería pagar, de su bolsillo, el alcalde, por temeridad manifiesta y por hacer perder el tiempo a los jueces.
La municipal hace funciones de GC y CNP por un "acuerdo" y nadie les dice nada
El responsable de l'esdeveniment, li recau tota la responsabilitat, de l'abús de poder, no passa res fins que passa. Després es busca la mata, hi ha ho deixo...