La sentencia estima una demanda presentada por el afectado, defendido por el letrado de GMA Consultors Vicente Martínez, y anula una compra de 37.240 derechos y el contrato de compra de 34.580 acciones del Banco, en el marco de la ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros efectuada en junio de 2016.
Por ello, el Juzgado condena a la entidad bancaria a reintegrar más de 6.500 euros por la compra de derechos y otros 43.225 euros por las acciones, más los intereses.
En su demanda, el afectado aseguraba que había comprado las acciones confiando en la información sobre la solvencia de la entidad que había publicado el banco, pero alegaba que esa situación no era la real y en menos de un año el valor de esas acciones cayó de forma importante y finalmente se perdió.
En la sentencia, la juez considera que las cuentas publicadas por el Banco Popular en los ejercicios previos a la ampliación de capital no reflejaban adecuadamente la situación financiera real» y que «la nefasta situación económica que salió a la luz en 2017 tiene su origen claramente en ejercicios anteriores».
«Las cuentas no presentaban la imagen fiel de la situación patrimonial del Banco a la fecha de la ampliación de capital de 2016», señala la sentencia, que recoge que el banco «venía exteriorizando una imagen de fortaleza y solvencia, con resultados de ganancias en los años anteriores a la operación litigiosa».
La juez aprecia que hubo un vicio en la compra porque la voluntad del perjudicado de contratar las acciones se formó a partir de una creencia inexacta. «Es obvio que la imagen de una situación financiera saneada resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento, hasta el punto de que, sin esa imagen pública de solvencia, el negocio no se hubiera realizado», argumenta.
En este sentido, el Juzgado considera que aunque el comprador hubiera sido más diligente a la hora de estudiar el producto o hubiese contado con más conocimientos financieros, no hubiera podido salir del error porque la información facilitada fue la causa de la suscripción de las acciones.
Se trata la primera sentencia de nulidad de compra de acciones del Popular en Baleares. Recientemente, un Juzgado de Barcelona ha anulado otra compra por 498.555 euros de acciones suscritas por una sociedad de inversión. En septiembre, un Juzgado de Mieres (Asturias) admitió la comparecencia del expresidente del Banco, Emilio Saracho, como testigo en una causa contra la entidad iniciada por un matrimonio de clientes del banco de avanzada edad afectado por la ampliación de capital.
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