El funcionario y el empresario en una sala de lo Penal de los juzgados de Vía Alemania de Palma. | Juan P. Martínez

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Un funcionario del Ajuntament d'Alcúdia y un empresario admitieron este miércoles en un juzgado de lo Penal de Palma haber participado en el amaño de contratos públicos para que la entidad accediera a las adjudicaciones que emanaban del consistorio.

Uno de los objetivos de la trama era que familiares y amigos del técnico municipal accedieran a un puesto de trabajo en la sociedad beneficiada una vez esta accedía a trabajar con la corporación.

El empleado público aceptó una pena de seis años de inhabilitación para ostentar cualquier cargo en la administración pública por un delito continuado de prevaricación, mientras que el empresario dio el visto bueno a seis meses de prisión que fueron sustituidos por el pago de una multa de 1.800 euros por tráfico de influencias. Según se desprende del escrito de acusación pública, el funcionario aprovechándose de su puesto en el Ajuntament de Alcúdia, y desde los años 2003 a 2010, se puso de acuerdo con el empresario para beneficiar económicamente a la sociedad que gestionaba este último.

El técnico municipal intervenía, ejecutó por sí mismo o posibilitó que en las contrataciones públicas se beneficiara a la entidad ‘amiga'. Varias veces se fraccionaban contratos para posibilitar el acuerdo directo con la empresa. Esto, tal y como describe el ministerio fiscal, ocurrió al menos con 25 expedientes durante siete años. La empresa servía para que diversas personas pudieran ser contratadas sin posición ni selección previa por el consistorio alcudienc. Cuando el Ajuntament encargaba un proyecto a la empresa, esta incorporaba a las personas que indicaban los empleados municicipales. Así, accedieron a trabajar en la sociedad realizando proyectos municipales una hija y varios amigos del funcionario imputado, tal y como sostiene la Fiscalía. La dirección y supervisión de las funciones de estas personas las realizaba el Ajuntament pese a que figuraban como empleados de la sociedad de uno de los condenados.

La Fiscalía tuvo en cuenta el atenuante de dilación extraordinaria e indebida para rebajar las penas iniciales que solicitaba a cada uno de los procesados.