Nuevo plazo para demoler los pisos de Cala Llamp: el 7 de agosto deben ser escombros

El alcalde de Andratx, Joan Manera (Més), y una representante de la constructora Amer e Hijos acordaron de mutuo acuerdo el miércoles una redefinición del contrato adjudicado por el ayuntamiento a esta empresa a finales del año pasado, con la voluntad de ampliar el plazo para hacer efectivo el objeto (el derribo) del mencionado documento contractual. «Se trata de ‘acta de comprobación del replanteo negativo y suspensiva'», indica el alcalde.

De esta manera, desde el miércoles se abre un nuevo plazo de cuatro meses para que, en cuanto el citado tribunal de ‘luz verde' a las obras de demolición que ya dictó mediante sentencia firme en 2013, la empresa adjudicataria del proyecto de derribo de los dos bloques que albergan los 12 apartamentos ilegales de la calle Tonyina de Cala Llamp pueda iniciar los trabajos en cuestión.

La reunión entre los responsables municipales y los representantes de la empresa constructora transcurrió de manera muy cordial, puesto que Amer e Hijos entiende que el Ajuntament d'Andratx ha hecho todo lo que está en su mano para iniciar cuanto antes la demolición y que esta nueva dilación no es responsabilidad de la Administración local presidida por el alcalde Manera. El acuerdo para el establecimiento de un nuevo plazo que expira el próximo 7 de agosto, llegó 24 horas después de que este rotativo advirtiera de que el anterior había concluido al final del primer trimestre de 2021 sin haberse movido una solo ladrillo de las 12 viviendas construidas al amparo de una licencia urbanística otorgada en 2005 de forma irregular por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo.

La enésima dilación en el derribo de los bloques de apartamentos ha venido esta vez provocada por la falta de pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma respecto a la solicitud formulada por el ayuntamiento el pasado mes de febrero en la que solicitaba la entrada en los inmuebles para iniciar su desmantelamiento.

Una petición que también llegaba con retraso después de que, justo cuando en enero debían empezar los trabajos de demolición, los propietarios de los apartamentos hicieran uso de una última triquiñuela legal para salvar sus propiedades de la piqueta. Una acción a la desesperada que el mismo tribunal echó por tierra a los pocos días, no sin evitar una nueva demora en el inicio de las obras. Un retraso que el mismo juzgado contribuye ahora a perpetuar.

A todo esto, mientras el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma se decide a autorizar el inicio de las obras, durante la última Semana Santa algunos de los apartamentos ilegales han vuelto a contar con inquilinos en su interior.