Imagen de archivo de motoristas circulando por la carretera Ma-10. | Alejandro Sepúlveda

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La dirección provincial de Tráfico incrementará los controles entre semana y recurrirá al uso de drones para controlar las «carreras ilegales» de motos en la carretera del Puig Major. Después de que hayan aumentado las quejas por un nuevo incremento de esta actividad y se haya detectado que estas «subidas» se hayan pasado a realizarse, sobretodo, en los días laborales, se recurrirá a este nuevo método para detectar infractores. El concejal de Gobernación de Sóller, Carlos Darder, informó de estas medidas que pronto implementará Tráfico. Según Darder «Tráfico ha comprobado que la incidencia de las infracciones se ha reducido durante los fines de semana pero ha aumentado durante el resto de días, especialmente por las noches, lo que todavía está causando un mayores molestias a los vecinos y resto de usuarios».

Las quejas por estas subidas se remontan a décadas atrás. Vecinos y municipios afectados han solicitado de forma reiterada la intervención continua de la Guardia Civil de Tráfico pero, a excepción de algunas actuaciones puntuales, el problema sigue. Incluso se ha detectado que ahora ya hay motoristas extranjeros que participan en estas subidas diarias, especialmente en verano.

Algunos de los afectados llegaron a denunciar el pasado año que cuando tenía que haber controles la información llegaba a los motoristas. Desde el Ajuntament, Darder cree que utilizar drones «es buena idea para incrementar la vigilancia pero es entre semana cuando debe de haber también más control». El año pasado el Consell prohibió circular por esta carretera a más de 60 kilómetros por hora entre Andratx y Pollença. Pero esta limitación es incumplida a diario.

El exceso de ruido también se puede multar en la Serra

Uno de los caballos de batalla de los afectados por estas carreras es que también producen un exceso de decibelios. Los vecinos recuerdan que la carretera Ma-10 está incluida dentro del paraje natural de la Serra de Tramuntana y por ello los residentes consideran que desde el punto de vista etnográfico y ambiental se puede prohibir esta actividad y sancionar a los infractores al margen de las normas de tráfico.