En una nota de prensa, la entidad ecologista ha destacado «los vertidos de aguas poco o nada depuradas, el impacto de los puntos de fondeo ilegales sobre las comunidades de fanerógamos, el fondeo sobre praderas de posidonia o el efecto de ciertas actividades de ocio sobre la fauna de las playas», entre otros problemas.
En este sentido, ha recordado que las bahías de Pollença y Alcúdia están amparadas desde 2006 por la figura de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). No obstante, «desde 2012 está pendiente la aprobación del correspondiente plan de gestión».
Según el GOB, el retraso en la elaboración de este documento se enmarca dentro del panorama general de déficit en planificación que sufre el conjunto de los espacios protegidos de Baleares. Situación que la entidad ha asegurado que han denunciado en incontables ocasiones.
Por último, ha señalado que el plan de gestión Natura 2000 de las bahías de Pollença y Alcúdia «es el marco adecuado para abordar los diferentes impactos ambientes que sufre la bahía». Al fin y al cabo, «la zona cuenta con diferentes ámbitos competenciales implicados».
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Para los vertidos de aguas no depuradas, se tendría que dar siempre licencia de obras, cualquiera que sea el grado de legalidad de la vivienda. También debería hacerse un censo de viviendas costeras no conectadas al alcantarillado.
El GOB a quien debe denunciar con la máxima dureza es a los consistorios de Muro y Santa Margarita, que llevan muchos años vertiendo aguas sucias muy mal depuradas a la Bahía de Alcudia, haciendo un daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema de dicha Bahía, es vergonzoso y de prisión como han actuado a lo largo de mucho tiempo ciertos políticos que aún gobiernan con el tema de la depuradora conjunta que utilizan ambos municipios.
Yo sigo confiando en la gestión municipal o intermunicipal, en vez de superestructuras. El problema de los fondeos podría resolverse en parte con una marina seca.