Hace un año, el Consistorio abrió un expediente al nuevo centro de menores, denunció a la empresa y solicitó su cierre. El Consistorio siempre ha mantenido que esta actividad no estaba permitida en la vivienda en la que se ubicaron a los menores, un chalet en suelo rústico. Aún así, el juez desestimó la orden de cierre y el Ajuntament recurrió la resolución judicial.
Ahora, una nueva sentencia da la razón al Consistorio santanyiner y resuelve que «la administración que debe tutelar a los menores debe procurar que dicha atención se realice en centros habilitados a tal fin». De esta manera, el escrito judicial apunta a que se daba un uso distinto al permitido en la vivienda, que precisaría de la declaración de interés general.
Ante esta situación, el juez apunta a que «el IMAS debe procurarse a través de otros centros que cumplan con la normativa urbanística» para atender a los menores. Pero esta resolución judicial llega tarde puesto que el IMAS trasladó a los jóvenes a otros centros hace un mes, aproximadamente. El traslado de los jóvenes extranjeros a Santanyí enfadó a la alcaldesa del municipio, Maria Pons (PP) que, hace un año, criticó que el Ajuntament no tuviera constancia de la apertura del centro de menores en una vivienda ubicada en suelo rústico de su municipio.
