En todo el año 2020, el Ajuntament de Manacor inició la tramitación un total de 76 expedientes de infracciones de obras. La regidora Núria Hinojosa recuerda que es un proceso largo y estos documentos no se abren y cierran el mismo año. Asegura que «en el Ajuntament cumplimos la ley». | Redacción Formentera

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El Ajuntament no ingresó ni un solo euro por infracciones urbanísticas en todo el año 2021.
Así se contempla en el documento de la liquidación de cuentas del Consistorio de ese año, que se cerró sin ningún ingreso por este concepto. Si se hace una comparativa con el año 2020, el ejercicio se cerró con unos ingresos de 78.989 euros, mientras que en 2019 la cifra alcanza los 711.150 euros.

A pesar de la falta de ingresos, el departamento de Urbanisme del Ajuntament de Manacor tramitó en el año 2020 un total de 76 expedientes por diferentes infracciones urbanísticas, muchas de las cuales se legalizaron. Aún así, la responsable política de Urbanisme en Manacor, Núria Hinojosa, indica que «los expedientes no se abren y se cierran en un solo año. Su tramitación administrativa es larga y muy cuidada y se puede alargar en el tiempo». Esta es una de las causas a las que Hinojosa achaca la falta de ingresos, otra es la pandemia.

En casa

La edil recuerda que «en el año 2020 estalló la pandemia y se encerró a la población. Desde el Ajuntament se dio órdenes a sus trabajadores de hacer teletrabajo, pero esa situación no es compatible con la actividad de los celadores, que tienen que visitar las obras». De esta manera, Hinojosa añade que «se dieron otras tareas a los celadores de carácter administrativo, pero no se hacía un control a pie de obra».

Desde el Ajuntament de Manacor recuerdan que la tramitación de las infracciones urbanísticas se rige por la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), que marca el proceso a seguir. «Como no podía ser de otra manera, en el Ajuntament cumplimos la ley y al detectar una infracción se dicta un decreto de suspensión que tiene dos salidas; que el infractor solicite la licencia de obras pertinente o que se derriba la construcción», explica Núria Hinojosa, que añade que en el caso de los expedientes abiertos en 2020 «en la mayoría de ellos se restableció la legalidad, aunque aún así se aplica un tanto por ciento de la multa».

El plazo para legalizar las obras es de dos meses y si se ejecuta la sanción es equivalente el 5 % del valor de la obra. Si se tarda más, la multa es del 20 % del valor de la obra. Si por contra no se legalizan, las sanciones oscilan entre el 50 y 100 % del valor de la obra en urbano y entre el 100 y 250 % en rústico. Por norma general, el Ajuntament de Manacor aplica el 75 % en urbano y el 175 % en rústico.

Punto de vista
Lola Olmo

Gente con suerte

Lola Olmo

La disciplina urbanística es un tema peliagudo, y más en los pueblos, donde infractor y quien debe sancionar las obras ilegales, es probable que se conozcan. Durante el confinamiento, algunos aprovecharon las largas jornadas de encierro casero para hacer unas reformas sin permiso. Sin poder salir a la calle los celadores, los infractores no fueron cazados y se librarán de la multa. No se le puede pedir más al Ajuntament, tenía que cumplir las restricciones como todos.