Fachada de la residencia Reina Sofía, propiedad del Ajuntament de Muro y puesta en marcha en 1991.

TW
4

El Ajuntament de Muro ofrecerá el traspaso de la gestión de la residencia Reina Sofía al Consell de Mallorca para que sea el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) quien se haga cargo del centro de mayores. El Consistorio aprobó el jueves por unanimidad una moción del grupo de la oposición Més per Muro en este sentido, cuyos argumentos son la dificultad para gestionar el personal y las necesidades del centro de mayores, así como las pérdidas de 600.000 euros al año de media que genera la residencia a las arcas municipales.

El portavoz de Més, Miquel Àngel Tortell, explica que «el presupuesto de la residencia para 2023 prevé 1.515.859 euros de gastos y unos 600.000 euros de ingresos; según los datos de Intervención, el Ajuntament acarrea unas pérdidas de unos 600.000 euros anuales de media, a lo que hay que añadir los sobrecostes que se reflejan luego de manera reiterada en facturas extrajudiciales». Efectivamente, en 2022 se abonaron más de 300.000 euros a una sola empresa por gastos extra en las suplencias de personal para la residencia, ademas de otras cuantías menores a otros proveedores.

Ahora, el Ajuntament de Muro iniciará los trámites para negociar con el IMAS las condiciones para concertar estas plazas, «al igual que han hecho otros ayuntamientos con sus residencias, desde Inca, a Montuïri, Capdepera, Manacor, Pollença, Sant Joan, Can Picafort o Santanyí».

Miquel Àngel Tortell, de Més.

Plazas vacantes

La residencia Reina Sofía de Muro se puso en marcha en 1991, en lo que eran las Cases de Son Font. Actualmente dispone de 49 plazas, 20 de las cuales forman parte de la red pública de Atención a la Dependencia. De las 49 plazas, 26 son para personas dependientes y el resto para personas autónomas, pero muchas de estas últimas no se llegan a ocupar. Además, en noviembre se inauguró en el mismo edificio un centro de día con 15 plazas para personas dependientes, que está concertado con el Govern. «La Administración local asume como propias competencias que no le corresponden, lo cual limita su capacidad para gestionar otros aspectos que sí son de competencia municipal», argumenta Tortell.