TW
50

La plataforma Indignats MA-10, que agrupa propietarios y vecinos que tienen fincas o viviendas junto a la carretera que recorre la Serra de Tramuntana, prepara nuevas movilizaciones para exigir soluciones a la proliferación de carreras ilegales, especialmente en el tramo entre Sóller y el Puig Major. Un problema que persiste en el tiempo y que se ha agravado en los últimos meses, según un miembro de la plataforma que prefiere mantener el anonimato: «ha pasado de ser un problema de fin de semana a tener carreras prácticamente a diario durante este verano».

El pasado domingo, una motocicleta de gran cilindrada perdió adherencia con el asfalto en larga curva del Mirador de Ses Barques, impactando contra un vehículo en sentido descendente. El accidente ha reabierto el debate y ha generado indignación entre vecinos y usuarios de la redes sociales.
«Los vecinos llevamos muchos años denunciando los problemas de seguridad viaria y de ruidos en la carretera de la Serra y no nos van a callar», aseguran desde la plataforma. Se plantean cortar la carretera con una protesta vecinal y han recuperado la intención de elevar el caso a la justicia europea.

Hace aproximadamente un año, el GOB ya presentó una denuncia por las carreras ilegales ante el ICOMOS, organización internacional asociada con la UNESCO que vela por el cumplimiento de las normas de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Antes, la Fiscalía archivó una denuncia de MA-10 basándose en un informe de la Guardia Civil de Tráfico, según la plataforma.
Durante la pasada legislatura se constituyó un grupo de trabajo con miembros de Delegación del Gobierno, la Dirección general de Tráfico, la Guardia Civil, el Departament de Medi Ambient del Govern, el Departament de carreteres del Consell de Mallorca y un representante de los alcaldes de los municipios de la Serra para abordar el refuerzo de la seguridad viaria y los problemas de contaminación acústica de la MA-10. La comisión, encabezada por la delegada del Gobierno Aina Calvo y la entonces presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, mantuvo diversas reuniones con la plataforma Indignats MA-10, y entidades como el GOB y Tramuntana XXI para evaluar los resultados de la medidas adoptadas.

Fruto del trabajo de este equipo técnico se homogeneizó el límite de velocidad a 60 kilómetros por hora y se instalaron señales verticales y marcas viarias de prohibición de adelantamiento dirigidas especialmente al colectivo de los motoristas para evitar conductas de riesgo y mejorar la convivencia entre los usuarios de la MA-10 y los vecinos de los municipios de la Serra. Además, la DGT y la Guardia Civil reforzaron los controles de vigilancia, incluida la utilización de drones, y aumentó la ubicación de los radares móviles, lo que propició un aumento del 40% en el número de denuncias y un descenso significativo en el número de accidentes y de víctimas mortales en la carretera de la Serra, según datos de la DGT. Así mismo, el Departament de Territori del Consell de Mallorca elaboró, a petición de los ayuntamientos de la Serra, un modelo de ordenanza municipal para prevenir y corregir la contaminación acústica en la MA-10.

«Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido de nada», aseguran desde la plataforma. Y añaden: «El problema es que la Guardia Civil asegura presencia, pero no vigilancia. Por eso pedimos vigilancia automatizada, con radares fijos y cámaras que graben a los infractores, y un puesto fijo de vigilancia en el Mirador de ses Barques, que es el cuartel general de los motoristas infractores».

Los ayuntamientos de Sóller y Escorca ya han pedido la mediación del Consell de Mallorca, institución que ostenta la titularidad de la MA-10, para que ayude a frenar la proliferación de carreras ilegales. Desde el Departament de Mobilitat, Territori i Infraestructures muestran «todo el apoyo» a los ayuntamientos y vecinos. Su titular, Fernando Rubio, tiene previsto reunirse con diversos alcaldes de la Serra y representantes de la plataforma MA-10 en los próximos días. Además, la voluntad del departamento es reactivar el grupo de trabajo interinstitucional de la pasada legislatura y «llevar a cabo las nuevas medidas que acordemos entre todos y sean de nuestra competencia»