El servicio puerta a puerta no se efectúa de forma eficiente dejando calles sin recoger.

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La recogida puerta a puerta está siendo un quebradero de cabeza para Llucmajor. Vecinos de la localidad han mostrado su malestar tras más de un mes de problemas con el servicio. «Cada día queda alguna calle con la basura en las puertas», cuentan, aunque matizan que «se van sucediendo y no siempre se dejan en las mismas, por lo que al final somos todos los que sufrimos el problema».

Un malestar que comparten desde el Ajuntament de Llucmajor. El Consistorio reconoce esta situación y explicó que los primeros incidentes se detectaron el pasado 7 de enero. «Desde el área de Entorno Urbano y Mantenimiento se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurar el buen servicio. Además, durante la semana pasada nos reunimos con la empresa concesionaria para abordar la situación». En este sentido, desde el Consistorio no se descartan sanciones, «no se perderá ni un euro y trabajaremos para dar cumplimiento al contrato que existe». El Ajuntament confirmó que en 2023 ya se interpuso una penalización de 163.800 euros a FCC –empresa que tiene la concesión el servicio– por incumplimiento de contrato.

Oposición

Desde la oposición lamentan que esta situación «sea demasiado recurrente en el municipio» y de hecho, en el pasado pleno municipal los grupos ya preguntaron al equipo de gobierno sobre este tema. El portavoz socialista en el municipio, Jaume Oliver, explicó que «siempre hay excusas para no cumplir con el trabajo. Primero caminos rotos y ahora falta de personal», aunque reconoció que «es un tema de difícil gestión». En la misma línea, el portavoz de Més, Miquel Serra, contó que «la empresa concesionaria del servicio acumula varios incumplimientos y por ello, solicitamos que se pongan manos a la obra de forma urgente, sancionando a la empresa y trabajando intensamente para sacar adelante el nuevo concurso de recogida». Por su parte, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, también fue firme y exigió al equipo de gobierno «invertir en este servicio teniendo en cuenta que tenemos más de 8 millones de superávit». La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –concesionaria del servicio– tiene contrato hasta junio de 2025.