Durante estos años se han realizado actuaciones en el entorno del Castell, pero no en las murallas. | Teresa Ayuga -

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El Ajuntament d'Alaró, con mayoría absoluta del PP, ha instado al Consell de Mallorca que obligue al Gobierno central a ejecutar las obras necesarias para preservar los elementos del Castell d'Alaró que son de su titularidad. Es más, el pleno aprobó también por unanimidad que sea la propia institución insular que lidera Llorenç Galmés la que realice las obras de manera subsidiaria si el Estado no actúa de inmediato.

Desde el consistorio recuerdan que en las dos últimas décadas se han realizado importantes inversiones para la restauración y preservación del entorno del castillo por parte de diversas instituciones. Entre ellas, destacar la conservación de los marges y parte del camino empedrado, además de rehabilitar completamente los edificios de la Hostatgeria o restaurar el retablo y parte de la capilla de la Mare de Déu del Refugi. Todas ellas, apuntan desde el Ajuntament, sin contar nunca con la colaboración del Estado.

Es más, el único espacio donde no se ha realizado ningún tipo de intervención es en la parte de las murallas y las torres de la fortificación que dan nombre al Castell y que son de titularidad estatal. «El Estado ha cometido un claro incumplimiento de la legalidad con su dejadez absoluta sobre un elemento histórico y patrimonial de primer orden en nuestra Isla, que tiene un enorme valor simbólico y también un valor sentimental para los alaroners», asegura el alcalde de la localidad, Llorenç Perelló. Cabe recordar que la ley de Patrimonio Histórico de Balears deja claro que los propietarios deben ser los responsables de conservar, mantener y custodiar los bienes integrados dentro del patrimonio histórico insular. «Hemos llegado a un punto donde no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo peligra seriamente el Castell», añade Perelló, a la vez que confía que el Gobierno de Madrid «cumpla con la legalidad», y si no al menos «contar con el compromiso del Consell de Mallorca de que actuará para preservar el Castell y después pasará la factura al Estado».

Deterioro

El Pla de Castells del Consell aprobado en 1997 ya señalaba que la situación de conservación de estos elementos era «crítica» en diversos puntos. Más de veinte años después, el estado de conservación de estos no ha hecho más que agravarse, por lo que ahora el Ajuntament toma cartas en el asunto antes de que sea tarde. Cabe recordar también que durante la pasada legislatura el Consell de Mallorca reservó una partida de 1,1 millones de euros para la compra de la finca del Castell, aunque no se llegó a un acuerdo con la familia Ordinas que mantiene que las murallas y torres también son de su propiedad.