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El Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat dejará de estar disponible a partir del próximo lunes 3 de junio en Inca y Manacor después de que la Conselleria d'Afers Socials haya decidido centralizar el servicio a una sede única en Palma, ubicada en la calle Joan Crespí.

Esta decisión ha provocado las quejas del Ajuntament d'Inca, mientras que desde el Ajuntament de Manacor solicitan «una aclaración urgente a la consellera Catalina Cirer después de las informaciones aparecidas».

Desde el Govern admiten el cierre, aunque matizan que será «temporal». En este sentido, señalan que se efectuará solo durante los meses de verano, de junio a septiembre u octubre dependiendo de las vacaciones de los trabajadores del servicio. En este sentido explicaron que esta medida «responde a criterios de optimización de recursos y se llevará a cabo para evitar aumentar la lista de espera de este servicio que en verano se estanca debido a las vacaciones de personal». Además, aseguran que «en el caso de que alguien no pueda desplazarse se habilitará un servicio en ambos municipios de manera quincenal y no se descarta que sea más frecuente».

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, recuerda que «este desmantelamiento ya lo intentó el gobierno de Bauzá en 2012, por lo que pedimos a la presidenta Marga Prohens y a la consellera Catalina Cirer que no hagan lo mismo. No solo afecta a Inca o a Manacor, en nuestro caso numerosos usuarios en un radio que abarca hasta Pollença, Lloret y Consell se verán afectados. También entidades como Joan XIII, Esment, Mater o Es Garrover necesitan este servicio», indica el alcalde. Moreno lamenta que «la lista de espera en Inca ya es de 11 meses y ahora los ciudadanos tendrán que desplazarse a Palma para ser valorados y optar a los recursos que precisen». Virgilo Moreno resalta que «desplazarse a Palma en algunos de estos casos es toda odisea».

Desde el Ajuntament de Manacor confían que el Govern no elimine los servicios públicos descentralizados. El alcalde Miquel Oliver y la regidora de Serveis Socials, Carme Gomila, aseguran que «esto supondría un perjuicio enorme para las personas usuarias y una vulneración de sus derechos».