La reunión informativa, organizada por el partido El Pi y SOM Avi, atrajo a casi un centenar de vecinos de Bunyola que acudieron para resolver sus dudas sobre el decreto de legalización de construcciones en estas zonas, recientemente aprobado. El conseller insular de El Pi, Toni Salas, fue el encargado de inaugurar el encuentro. En su intervención, Salas subrayó la «indefinición» del decreto, criticando que esta falta de claridad permite que «cada técnico municipal lo interprete y aplique a su manera».
A pesar de las reservas del partido sobre ciertos aspectos del decreto, Salas defendió el voto a favor de El Pi, argumentando que «somos conscientes de que hay un problema relacionado con algo tan importante como la vivienda».
Tras la intervención de Salas, tomó la palabra Josep Melià, abogado experto en urbanismo y exdiputado de la formación regionalista. Melià ofreció una explicación técnica detallada sobre los diversos casos contemplados en la normativa. Entre otras muchas cuestiones y en términos generales, aclaró qué edificaciones pueden ser legalizadas y describió el proceso de tramitación necesario para ello. También hizo hincapié en la «indefinición» del decreto, que aseguró «puede acarrear muchos problemas».
La reunión permitió a los vecinos aprovechar el turno abierto de palabra para plantear preguntas específicas sobre sus situaciones particulares, reflejando un gran interés y la necesidad de obtener respuestas claras sobre un decreto que afecta directamente a sus propiedades. Cabe destacar que el Ajuntament de Bunyola no es el único que ha recibido peticiones sobre la aplicación de la normativa, otros Ajuntaments, como el de Sóller también.
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Este decreto es conocido como el decreto "donetes" porque te salen amigos infractores por todas partes. Basta ver la sala llena para afirmar que somos unos piratas.