Imagen del mirador de pedra en sec que se construyó durante la rehabilitación de la carretera. | Elena Ballestero

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‘Caso Margers'. Dos técnicos del departamento de carreteras del Consell Insular y un empresario han declarado como investigados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación. Todos ellos están investigados a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por una serie de irregularidades en la reparación de la carretera de Lluc a Caimari. La denuncia de la Fiscalía apunta a un fraude en la adjudicación que provocó la adjudicación irregular de las obras por valor de 1,5 millones de euros.

Los tres imputados que comparecieron este martes en el Juzgado de Instrucción 5 de Palma negaron cualquier tipo de irregularidad. Explicaron que se trató de una actuación de emergencia después de que se hundieran veinte metros de carretera entre Lluc y Caimari. Los técnicos del Consell declararon ante la juez que el incidente, que ocurrió a raíz de la tormenta Helena en enero de 2019, se optó por el procedimiento de urgencia para reconstruir la vía. Ahí es donde se centran buena parte de los indicios a los que apunta la Fiscalía a partir de un informe de la extinta Oficina Anticorrupción.

Ese documento señala que las obras urgentes costaron en realidad 250.000 euros y que, luego, se pusieron en marcha otras actuaciones que no tendrían cobertura bajo el procedimiento de adjudicación de emergencia: la reconstrucción del muro de pedra en sec que apuntalaba el talud, un mirador, rampas de acceso, señalización o un aparcamiento. Así, la denuncia apunta a que se empleó ese mecanismo de urgencia para saltarse los procedimientos ordinarios de contratación. También acusa a la empresa de haber inflado algunos costes como el coste de los margers que llevaron a cabo las actuaciones, cuando el Consell disponía de una partida de estos artesanos.

Los técnicos imputados han insistido en que todos los informes de la institución avalaban el procedimiento de emergencia. Señalaron que primero se hizo una actuación provisional para reabrir la carretera, pero que solo permitía un carril en cada sentido y el paso alterno del tráfico. También intentaron justificar que era urgente acometer la reparación definitiva para evitar nuevos desprendimientos una vez que había quedado el terreno al aire. Además han aportado numerosa documentación para justificar el mecanismo elegido para las obras y la solución dada para respetar el trazado y el carácter de la carretera en plena Tramuntana.

Sobre los margers, una partida en la que se apunta a un exceso de facturación de horas, justificaron su contratación. También otras partidas como un aparcamiento, necesario para llevar a cabo la actuación. La denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción también se dirige contra la interventora del Consell que aún no ha sido citada para declarar.