«Queremos dar la cara y explicar a los ciudadanos cual es la situación en la que nos encontramos», aseguró la alcaldesa de la localidad, Xisca Lascolas al iniciar la rueda de prensa. Lascolas aseguró que en estos momentos el Ajuntament está trabajando para encontrar una solución a la problemática surgida y matizó que «se llevarán a cabo penalizaciones a la empresa ante el evidente incumplimiento de contrato». Sin embargo, el regidor de Mantenimient i Entorn Urbà, Tomás Sastre (Vox), responsable del servicio, reconoció que «no existe una solución fácil y rápida».
Con todo, desde el Ajuntament aseguran que negocian «diariamente» con la empresa después de que el pasado jueves avisar al consistorio que dejaría de pagar a los trabajadores el sobrecoste que supone adaptar su salario al convenio del sector y que hasta ahora asumía. Este sobrecoste no está previsto en el contrato de recogida municipal puesto que se firmó en 2015, siete años antes que se aprobara el convenio.
Tras una amenaza de huelga en febrero de este año, Ajuntament y empresa concesionaria acordaron que el Ajuntament se haría cargo del sobrecoste de los salarios. No obstante, desde la oposición se mostraron reacios a esta decisión al no contar con informes técnicos favorables. Desde el Ajuntament aseguran que existe un informe técnico «abierto» con el que se podrían justificar los pagos aunque «no podemos pagar sin pasar por pleno», reconoció la alcaldesa. Sastre añadió que «no lleváramos a cabo ninguna acción sin tener la máxima seguridad jurídica».
Por el momento el Ajuntament ha presentado una nueva propuesta económica «avalada» y resta a la espera de la respuesta de la empresa. «Vigilamos para que en ningún caso se llegue a la alerta sanitaria y también para intentar que los trabajadores puedan cobrar lo que deben», sentenció Sastre. El contrato actual finaliza en junio de 2025.
Desde la oposición se han mostrado muy críticos con la situación y han acusado al gobierno municipal de «mala gestión». El PSOE pide la dimisión del regidor Tomás Sastre, y desde Més señalan su «preocupación» ante la desinformación sobre el nuevo contrato. Llibertat Llucmajor, por su parte, insiste en que el acuerdo firmado en febrero «era ilegal». El pleno municipal previsto para ayer se suspendió debido a las inundaciones en la Península
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