Seis meses de prisión por instalar la terraza de su restaurante sobre la arena de la playa

La sentencia, que no puede ser recurrida, considera probado que en una fecha «indeterminada pero comprendida entre septiembre de 2021 y mayo de 2022» el condenado instaló la terraza de su negocio sobre el espacio público de baño sin disponer de los pertinentes permisos e ignorando las reiteradas advertencias del Ajuntament de Pollença. También que una vez precintadas sus instalaciones, rompió el precinto policial y continuó explotando el negocio sobre la arena hasta la primavera de 2022 cuando el Consistorio decidió actuar de oficio y desmontar el entarimado.

El auto sienta un precedente importante y tendrá un efecto disuasorio. El mensaje es claro, con independencia de que la zona de dominio público marítimo terrestre sea competencia de Costas o de los ayuntamientos, intentar aprovecharse del espacio público para sacar un beneficio económico saltándose los cauces legales puede salir muy caro.

El ahora condenado denunció durante años ser víctima de una presunta persecución política por parte del entonces alcalde de Pollença Tomeu Cifre Ochogavía (Tots) contra el que llegó a presentar una denuncia por presunta prevaricación administrativa, denuncia que fue archivada. «El alcalde mandó a los operarios del Ajuntament que junto con la Policía Local hicieron un levantamiento de todo el mobiliario, incluida toda la tarima de la playa con grúas, rompiendo todo el material», dijo Santiago Camarote a Ultima Hora en el momento en el que ocurrieron los hechos.

Camarote argumentaba sufrir «un trato discriminatorio por parte del alcalde que no actúa contra el resto de establecimientos que montan sus terrazas sin tener autorización». La diferencia entre unos y otros, argumentaba entonces el Consistorio es que «este negocio en concreto no solo carecía de la autorización de ocupación del espacio público sino incluso de la pertinente licencia de actividades».

El empresario llegó a presentar numerosas denuncias ante la Demarcación de Costas de Baleares contra otros restauradores de la zona e incluso contra el propio Ajuntament de Pollença al que acusaba de haber instalado juegos infantiles en la playa de Llenaire.

Algunas de sus denuncias fueron escuchadas y Costas llegó a ordenar la retirada del parque infantil municipal de Llenaire, lo que provocó un aluvión de movilizaciones vecinales que consiguieron que Costas rectificara ‘in extremis’ y mantuviera los juegos en su ubicación original.

«En el tramo de la playa que ocupó el ahora condenado (entre la Gola y el espigón de puertos) no había ningún restaurante con terraza sobre la playa. Ocupaba la zona de dominio público y para ir de su restaurante a servir a la terraza había que cruzar una carretera. Por eso le denegamos la autorización», dice Tomeu Cifre Ochogavía tras conocer el último auto judicial.

«Era un delincuente y comenzó a amenazarme. Me decía de todo. Llegó a denunciar el parque infantil municipal ante Costas, pero nosotros no sucumbimos a ninguna de las amenazas de este individuo. Los tribunales con el tiempo nos han dado la razón en todos los sentidos, tanto en las denuncias administrativas como en las denuncias penales y dejan claro que las normas están para cumplirlas. Crean un precedente importante para que nadie se atreva a hacer lo mismo. La vía pública es de todos y para instalar una terraza hay que solicitar y obtener previamente los permisos», concluye el exalcalde.