El Supremo condena al Ajuntament de Manacor por revocar la concesión de la piscina

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el último recurso de casación interpuesto por el Ajuntament de Manacor por lo que declara firme la sentencia que condenaba al consistorio a pagar a la empresa concesionaria tras que esta se declarada en concurso de acreedores y cerrara. Desde entonces, Manacor no cuenta con un equipamiento de piscinas municipales.

Tras conocerse ayer la noticia sobre el fallo del alto tribunal, el consistorio manacorí emitió un comunicado anunciando que presentarán un incidente de nulidad de actuaciones ante esta última resolución. Es más, el Ajuntament apunta que la valoración que data 2017 y que el concurso de creditores no se declaró hasta el 2022, por lo que considera que la cantidad solicitada está desfasada. En relación a la valoración del derecho de reversión está fijada en 336.881,44 euros, mientras que las perdidas acumuladas que alegó la empresa ascendían a 711.330,03 euros. «El Ajuntament de Manacor no cuestiona la lista de deudores pero considera que el valor de reversión debe revisarse ya que en ningún caso está dispuesto a sufragar con dinero público las pérdidas de la empresa», señalaron a través de un comunicado emitido ayer por la tarde.

El Ajuntament deberá asumir los costes de los diferentes procedimientos judiciales llevados a cabo en este tiempo.

El conflicto judicial entre la concesionaria y Ajuntament empezó en 2021 cuando la empresa se declaró en concurso de acreedores y el Ajuntament se vio obligado a cerrar las instalaciones deportivas. Sin embargo, cabe recordar que la empresa ya había mostrado en varias ocasiones su intención de no continuar con la concesión del servicio. Así, ya en el año 2015 se había intentado llegar a un acuerdo entre las partes. Esquitxos de Blavor, S.L había conseguido la concesión de la piscina municipal en 1997 por un período de treinta años.

La primera sentencia condenatoria para el Ajuntament llegó en 2021. No obstante, este recurrió. Un año después, en 2022, los juzgados desestimaron el recurso municipal. Fue entonces cuando el Ajuntament acudió en última instancia al Tribunal Supremo que, finalmente, el 23 de octubre de este año emitió su resolución final.