Adiós a los apartamentos de Cala Llamp

El Ajuntament ha cerrado perimentralmente los dos bloques de pisos que están vigilados para evitar okupas. Ya han empezado los trabajos previos al derrumbe. | Michel's

Francesca MaríAndratx05/12/24 4:00
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Punto y final a los apartamentos ilegales de Cala Llamp. El Ajuntament de Andratx ya cuenta en su poder con la orden judicial que permite iniciar las obras de demolición de los polémicos apartamentos de la calle Tonyina.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Estefanía Gonzalvo, a este periódico, que se muestra contenta de poder cerrar por fin este capítulo urbanístico. El departamento de Urbanismo recibió la semana pasada la orden judicial e, de inmediato, empezaron los preparativos para que puedan entrar las excavadoras en el edificio. De momento, el único inquilino que todavía quedaba en los apartamentos ya ha abandonado la casa y se ha cerrado el complejo de viviendas perimetralmente para evitar posibles ocupaciones. Es más, los dos bloques de apartamentos están vigilados por la Policía Local para poder ejecutar la demolición sin problema.

Los trabajos esta semana han consistido en eliminar el mobiliario que todavía quedaba dentro de los pisos por parte de la brigada municipal, así como eliminar las persianas de aluminio. Una vez terminados estas tareas, se espera que la empresa encargada de la demolición entre con toda la maquinaria. Un derrumbe que, desde el Ajuntament, confían que será «inminente».

Cabe recordar que los apartamentos ilegales de la calle Tonyina se construyeron al amparo de una licencia urbanística concedida en verano de 2005 por el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, que después fue condenado por demás delitos urbanísticos. En el caso de Cala Llamp y tras la denuncia del GOB, el juez declaró nula dicha licencia urbanística. Lo hizo el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma en septiembre de 2013.

Hace pues once años que no se ha podido ejecutar la obra de demolición. Durante estos años los apartamentos han sido alquilados y también algunos propietarios plantearon recursos al no estar de acuerdo con la valoración económica realizada, por lo que recurrieron a los tribunales. Estos hechos que provocaron alargar todavía más el orden de ejecución de la sentencia.

En diciembre de 2020 ya se adjudicaron las obras de derribo por parte del entonces alcalde Joan Manera (Més), aunque estas no pudieron realizarse tras la renuncia en 2021 de la empresa adjudicataria por el incremento de precios. El pasado agosto se adjudicó de nuevo el contrato, esta vez a la empresa Dosmas Grup por valor de 275.000 euros. El periodo de ejecución de las obras será de ocho semanas tanto para la demolición como también para la retirada de escombros.