Vista general de la residencia Fontsana. | Lluc Garcia

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El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa propietaria de la residencia geriátrica de Sóller. El expediente se abrió en diciembre de 2024 después de varias inspecciones que se iniciaron a consecuencia de la denuncia de un particular sobre presuntas deficiencias observadas en el centro. En el escrito que el IMAS remitió a las partes interesadas, documento al que ha tenido acceso este diario, se pone en conocimiento de la entidad «la comisión de dos infracciones administrativas», calificando ambas de «graves» y sancionables con multas entre 12.001 y 60.000 euros cada una de ellas.

Según la citada comunicación, el IMAS recibió la denuncia en marzo de 2024 y, a lo largo del año, realizó visitas de inspección en abril, mayo, septiembre y noviembre, decidiendo a continuación iniciar el procedimiento sancionador.

Según se desprende de la comunicación, las infracciones detectadas son de carácter grave. La primera de ellas es «no proporcionar a las personas usuarias de la residencia Fontsana Sóller una atención especializada integral, de manera continuada y de acuerdo con sus necesidades específicas». La segunda consiste en «no establecer los nutrientes ni los valores calóricos necesarios en las comidas programadas por el personal responsable higiénico-sanitario» y que estas «no se ajustan a la programación establecida».

Fuentes del IMAS descartaron este miércoles comentar cualquier aspecto sobre el estado de este expediente por tratarse de «un tema de protección de datos».