El GOB exige retirar unas terrazas sobre las rocas en Costa de la Calma

Los ecologistas denuncian su «gran impacto visual y medioambiental», que ha suscitado preocupación entre los vecinos

El cambio de titularidad de la concesión requeriría un reconocimiento previo por parte de la administración. | Redacción Digital

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El GOB ha exigido la retirada de unas terrazas que en las últimas semanas se han construido sobre las rocas en Costa de la Calma (Calvià) al considerar que no cumplen con la legislación vigente. Según ha indicado la entidad ecologista en un comunicado, las obras tienen un «gran impacto visual y medioambiental» y han generado la preocupación de los vecinos y de las personas comprometidas con la conservación del paisaje y del litoral.

El GOB ha apuntado que las obras se están realizando sobre estructuras preexistentes y sin la garantía del cumplimiento de la legislación vigente en materia de costas. En concreto, la entidad ha recordado que la ley de costas indica que tan solo se puede autorizar la ocupación del domingo público marítimo-terrestre cuando por la naturaleza de la instalación ésta no pueda ubicarse en otro lugar. «Pese a ello, las administraciones competentes han permitido estas intervenciones sin considerar este requisito fundamental», han reprochado los ecologistas.

El 27 de septiembre de 2021, siempre según el GOB, se publicó en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el otorgamiento de una concesión a la empresa Playas Urbanización Costa de la Calma SL para ocupar 1.506 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, que en 2023 fue prorrogada por diez años más. No obstante, de acuerdo con las consultas realizadas por la entidad en el Registro Mercantil, la totalidad de las acciones de la citada compañía han sido adquiridas por Kazan Servicios de Playa SL.

Este cambio de titularidad de la concesión requeriría un reconocimiento previo por parte de la administración, tal y como establece el reglamento general de costas. De no ser reconocida por la administración, ha expuesto el GOB, la ley establece que la concesión quedaría extinguida y por lo tanto las ocupaciones existentes del dominio público deberían retirarse. Para aclarar la situación legal de las obras, la entidad ha solicitado a la Direcció General de Costes i Litoral del Govern y a la Demarcació de Costes de Baleares -las administraciones competentes- que certifiquen si se ha otorgado el preceptivo reconocimiento. En el caso de que no haya sido así, han exigido que se proceda a la demolición y retirada inmediata de todas las estructuras para que la zona recupere su estado original.