La industria farmacéutica no está contenta con la aplicación de los
precios de referencia a los medicamentos, por considerar que deja a
la industria «en una situación insostenible». Y, como protesta, han
decidido suspender su contribución a la contención del gasto
farmacéutico, para lo que deberían aportar un total de 65.000
millones de pesetas entre 1998 y 1999. Ante el anuncio, Sanidad les
ha pedido que reconsideren la decisión por considerarla una medida
«injustificada».
En 1998 Farmaindustria suscribió un acuerdo con Sanidad por el
que se comprometía a contribuir a la contención del gasto
farmacéutico con la aportación de 39.000 millones en 1998 y 26.000
en 1999, de los que 13.000 deberían desembolsarse a finales de este
mes. Sin embargo, ante la situación «ruptura de mercado» que afirma
vivir la industria tras la aplicación de los precios de referencia
de los medicamentos, han decidido dejar de pagar lo pactado.
Los precios de referencia se aprobaron recientemente por el
Gobierno en su intento de reducir el gasto de la Sanidad en
medicamentos. Con esta medida, el Ejecutivo establece el precio
máximo que la Seguridad Social pagará por cada medicamento, que es
el que cuesta el medicamento genérico. Los genéricos incluyen el
principio activo del fármaco, pero carecen de la marca del
laboratorio, por lo que resultan más baratos. Según la patronal
farmacéutica, la aplicación de esta medida supone un nuevo recorte
en los ingresos de los laboratorios, que en el contexto actual les
conduce a una situación de «ruptura de mercado».
Mientras, el Ministerio de Sanidad no da como roto el pacto con
este sector y pidió a Farmaindustria que reconsidere su decisión
por considerarla «injustificada». En este sentido, añadieron que
los precios de referencia ya se consideró en los Presupuestos del
año 96. Además se complementó en los Presupuestos del 97 y en la
tramitación del decreto aprobado a finales de junio por el
Gobierno, se sometió a consulta de las partes afectadas.
Por su parte, Farmaindustria manifestó que la decisión ejecutada
hasta ahora de denunciar el pacto de aportaciones financieras fue
decidida por los órganos de Gobierno de la patronal y sometida al
aval de la asamblea de la misma el pasado 16 de junio. Fue entonces
cuando se determinó que el pacto se denunciaría si el contenido
final del decreto de precios de referencia seguía las versiones que
se habían difundido con antelación.
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