Las portavoces del PSOE e IU en la Comisión mixta de Derechos de la
Mujer, Micaela Navarro y Marisa Castro, respectivamente, mostraron
en sendos comunicados su repulsa a la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya de rebajar de 22 a 15 años la
pena de prisión a un hombre que pateó, estranguló y descuartizó a
su compañera por entender que no hubo ensañamiento ni alevosía ni
agravante de parentesco, pese a vivir bajo el mismo techo.
Para Micaela Navarro, estas matizaciones de los magistrados
«son, como mínimo, provocadoras del Estado de Derecho y además
agravan la impunidad que la sociedad en general proporciona a estos
agresores». A su juicio, con sentencias de este tipo «los jueces
están contribuyendo a que las mujeres víctimas de la violencia
doméstica pierdan toda su confianza en la Justicia», por lo que
pide al Gobierno que intervenga en todos estos casos, «no haga más
dejación de funciones» y asuma este problema como una
prioridad.
La diputada socialista, que critica que la nueva secretaria de
Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, no haya anunciado desde su
nombramiento ninguna medida, insta al Ejecutivo a pasar de «planes
vacíos de contenido y presupuestos» a acciones concretas y
decididas para erradicar este problema y propone que se apruebe una
ley integral contra la violencia de género con un presupuesto
específico. El PSOE pide al Gobierno que cumpla las recomendaciones
de la Declaración de Calviá, suscrita por más de trescientos
juristas reunidos en España el pasado mes de abril para avanzar en
la solución de este problema.
Por su parte, Marisa Castro critica también la sentencia al
considerar que «casos como este ponen de manifiesto la indefensión
de las mujeres» ante la violencia doméstica pues, dice, se
trivializan acciones de una gran gravedad.
Castro cree que se ha puesto en evidencia que el Plan contra la
violencia doméstica no aborda con rigor y firmeza las sanciones
penales exigibles en este tipo de delitos, por lo que exige que se
constituya una Fiscalía especial que se ocupe de estas denuncias de
modo que las mujeres cuenten con instancias judiciales
especializadas. Rechaza también unas declaraciones del ministro de
Justicia, Angel Acebes, quien lamentó que muchos delitos queden
impunes porque no se denuncian, ya que, a juicio de la diputada de
IU, «escudarse en este tipo de situaciones puntuales deja en muy
mal lugar la voluntad de resolver este grave problema» por parte
del responsable de ese departamento.
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