El texto, del que informó ayer el ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, ha sido sometido a la opinión de grupos políticos,
comunidades autónomas y organizaciones sociales. «Las medidas que
se proponen no implican que el Gobierno esté en contra de la
inmigración», argumentó el ministro portavoz del Gobierno, Pío
Cabanillas, quien explicó que la reforma que se llevará a cabo se
resume en tres conceptos: se modificará lo necesario, se hará por
consenso y con urgencia.
Por eso, el texto que ha presentado Mayor Oreja únicamente trata
de los aspectos generales de la ley, sin entrar en el articulado de
los puntos, en espera de que los grupos políticos y sociales den su
punto de vista. El informe se desarrolla en torno a cinco
cuestiones: la diferenciación entre legalidad e ilegalidad, la
revisión del régimen jurídico de la concesión de visados, evitar la
regularización permanente, la ampliación de los supuestos de
expulsión del país de los inmigrantes ilegales y el endurecimiento
de las sanciones a las mafias.
Cabanillas justificó estas modificaciones en la adecuación a lo
acordado en la Cumbre comunitaria de Tampere, en el riesgo de una
judicialización de la concesión de los visados, en la necesidad de
control de los flujos de extranjeros ilegales y en el aumento de
las organizaciones que se dedican al tráfico ilegal de personas. En
relación al aumento de los supuestos de expulsión, Cabanillas
argumentó que es ridículo que sólo se pueda devolver a su país a
las personas que intenten entrar de manera ilegal y que se les
descubra. «¿Y qué sucede con los que sí consiguen entrar? La
situación que se crea es absurda», manifestó.
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