La pornografía infantil no es un delito si se practica sin ánimo de
lucro, según una sentencia del Tribunal Supremo italiano que
legitima el uso privado de fotos pornográficas de menores y que ha
levantado una fuerte polémica. La máxima corte ha establecido que
el artículo 600 del Código Penal italiano sólo permite la
consideración criminal de la pornografía si ésta comporta la
explotación económica del material. Los jueces de la sección penal
han rechazado el recurso de la fiscal de Biella, Rosella Soffio,
contra una sentencia del tribunal de esa ciudad del norte del país
que condenaba a Antonio B. por cometer actos sexuales con un niño
de 13 años, pero lo exoneraba del delito de pornografía.
Como consecuencia de la decisión de la corte de Biella, el
Tribunal de Turín dispuso la sustitución de la prisión cautelar del
imputado por el arresto domiciliario, reforzado por la prohibición
absoluta de recibir a menores. Propietario de un pequeño negocio,
Antonio B. dedicaba parte de su tiempo libre a dar clases de
italiano y latín en verano a niños que habían suspendido el curso
escolar. Durante las lecciones con el alumno en cuestión, el
imputado le tomaba fotografías desnudo y en varias ocasiones le
llevó a un hotel a las afueras de la ciudad, con el consentimiento
de los padres del menor, hasta que éste contó todo a un asistente
social.
La decisión de no considerar delito la pornografía sin finalidad
de lucro ha sido confirmada ahora por el Supremo, que no ha
aceptado la tesis presentada por la fiscal Soffio, según la cual
«el objetivo del legislador debe ser perseguir y castigar un
fenómeno en continúa expansión que se aprovecha de los niños por su
edad, su limitado desarrollo psíquico y físico y la falta de tutela
familiar». «Es inaceptable porque el club de la pornografía
infantil se basa en los intercambios solidarios mucho más que en el
lucro. Incluso cuando hay compensación económica, es muy difícil de
demostrar», asegura Ernesto Caffo, presidente de la más importante
organización italiana dedicada a la lucha contra la explotación de
menores.
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