Aunque el secretario de Estado la Extranjería y la Inmigración,
Enrique Ferández Miranda, asegura que el tratamiento de los 36
inmigrantes en un furgón en Mijas fue legalmente «impecable», los
partidos de la oposición, jueces y ONGs no lo tienen tan claro. Las
autoridades devolvieron a los inmigrantes a su país sin asistencia
letrada. La clave está en la distinción entre el proceso de
expulsión y el de devolución. Los inmigrantes pueden ser devueltos
sin ningún trámite legal previo si son detenidos en la frontera,
intentando entrar en el país. Por el contrario, el proceso de
expulsión contempla la asistencia letrada a los afectados.
Fernández Miranda argumenta que se aplicó el artículo 54.2 de la
Ley, en el que se dice que «no será preciso un expediente de
expulsión para la devolución de extranjeros que son detenidos
cuando quieren entrar ilegalmente en España». Sin embargo, las
voces críticas aseguran que los inmigrantes llevaban varios días en
España y no estaban en la frontera, por lo que su expulsión violó
sus derechos a la tutela judicial.
La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas
d´Argemir, criticó además que se haya primado la expulsión
automática en detrimento de la investigación penal de las mafias
que trafican con personas». Comas argumentó que se han violado
varios preceptos de la Ley de Extranjería porque la figura del
retorno está prevista para las personas que se detienen en la
frontera, y éste no fue el caso. Además, criticó que con la
expulsión se imposibilitó que se pueda obtener una declaración ante
el juez instructor, el Ministerio Fiscal y la defensa del imputado
porque es la única prueba válida en el juicio oral y no una mera
declaración ante la policía. Asimismo, argumentó que Interior «no
podía obviar el derecho a la asistencia jurídica gratuita».
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