(EE UU)
«Me están matando. Me están asesinando», exclamó Graham cuando fue
atado en la camilla momentos antes de recibir una inyección letal
por el asesinato hace 19 años "cuando tenía 17 años" del
comerciante Bobby Lambert en Houston. «Este es un linchamiento. Yo
no lo maté. Me eligieron para un genocidio. Este es el genocidio
que nosotros, los negros, tenemos que soportar en este país»,
agregó, según testigos de la ejecución. Su muerte, siete minutos
después de recibir la inyección, fue presenciada por el reverendo
Jesse Jakson, defensor de los derechos civiles, y Bianca Jagger,
activista de Amnistía Internacional.
La suerte de Graham había quedado echada media hora antes de la
ejecución, cuando el gobernador de Texas, George Bush, dio el visto
bueno tras fracasar todos los intentos para salvarle la vida
mediante recursos legales. «Voy a aplicar la ley, y si tengo que
pagar por ello un precio político, lo pagaré», manifestó Bush.
Texas ha llevado hasta el final decenas de condenas capitales
bajo el mandato de Bush a partir de pruebas poco fiables,
testimonios psiquiátricos dudosos o abogados defensores
sancionados, según un exhaustivo informe publicado por el 'Chicago
Tribune'.
Graham fue condenado en un juicio en el que contó con una débil
defensa y en el que sólo se tuvo en cuenta un único testimonio
incriminatorio. Este caso no es una escepción, ya que el Estado
gobernado por George Bush Jr ostenta el récord de procedimientos
dudosos o manipulados. Sus abogados, que habían solicitado sin
éxito un aplazamiento de la pena al Tribunal Supremo y a una corte
del estado de Texas, aseguraron que tenían nuevas declaraciones de
testigos que hubieran probado la inocencia de su cliente. La
ejecución provocó reacciones airadas de personalidades que
consideran que Estados Unidos se ha retrasado en un mundo en el que
la mayoría de los países ha abolido la pena de muerte.
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