El consejero de salud de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo,
anunció ayer que la administración autonómica interpondrá
previsiblemente en septiembre una demanda de responsabilidad civil
contra las empresas tabaqueras que comercializan el 95 por ciento
del tabaco consumido en Andalucía. Aunque de momento no se ha
fijado la cantidad, Vallejo explicó que el objetivo es que cubran
los gastos sanitarios que se derivan del tratamiento del cáncer de
pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva y el infarto agudo de
miocardio. Para ello, presentarán más de 300 expedientes clínicos.
La falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía, que pretendía
que las tabaqueras contribuyeran a la financiación del gasto
sanitario derivado del tabaquismo, ha provocado que el Gobierno
autonómico decidiera interponer la demanda, para la que aún no ha
fijado la cantidad que pedirá. Concretamente, serán demandadas
Altadis-Tabacalera, Phillip Morris, Borowns Williams, JT
Internacional y CITA, que comercializaron el año pasado el 95 por
ciento del tabaco consumido. La demanda pretende demostrar el daño
que realizan a la sanidad pública las tabaqueras. La Junta, que
quiere «dar prioridad absoluta a la prueba», presentará los datos
clínicos de más de 300 pacientes diagnosticados de infarto de
miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva que
son atendidos habitualmente en el Hospital Virgen del Rocío y
Virgen de la Macarena de Sevilla y con ello pedirán el coste
derivado de su tratamiento.
El consejero se mostró convencido de que ganarán el pleito a
pesar de la falta de antecedentes, y recordó los buenos augurios de
las demandas contra las tabaqueras en Estados Unidos. La demanda se
apoya en la demostración causa efecto de las tres enfermedades
citadas y el tabaco, en la demostración analítica en la que se
evalúa la composición de los cigarrillos y ver si se ajustan a lo
anunciado en las cajetillas o si contiene sustancias adictivas más
potentes y en el estudio epidemiológico basado en cálculos
económicos sobre la cuantía que supone al sistema sanitario público
la atención de dichas enfermedades. Vallejo cree que el coste para
la Administración oscila en torno a los 60.000 millones de
pesetas.
El portavoz del Comité de prevención del Tabaquismo, Víctor
López, calificó de «muy correcta» la iniciativa de la Junta de
Andalucía, al considerar que «las empresas tabaqueras tienen que
ayudar en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades que
causa el tabaco para paliar el daño que está haciendo». Además,
cree que las ayudas son absolutamente razonables porque están
causadas sólo por el beneficio de unos pocos a costa de la salud de
todos los españoles. Finalmente, mostró su confianza en que las
autoridades políticas se tomen el problema con seriedad ya que «no
hay ninguna otra causa de enfermedad y muerte más importante que
ésta».
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