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Los Centros de Internamiento de Extranjeros, destinados a aquellos inmigrantes que están a la espera de su retorno o expulsión del territorio español siempre que lo autorice un juez, no reúnen las condiciones exigibles de habitabilidad, según se desprende del Informe de 2000 del defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que presentará la próxima semana en la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer.

El defensor asegura que se han realizado visitas al finalizar el año 2000 a los centros de Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, y que la Institución sigue manteniendo el mismo criterio. «No reúnen las condiciones exigibles de habitabilidad "añade", observándose graves deficiencias que sólo pueden subsanarse mediante la construcción de centros nuevos».

El defensor subraya que las carencias mencionadas son «especialmente relevantes» en los centros de Madrid y Barcelona, que se encuentran ubicados «en unos sótanos sin luz natural ni suficiente ventilación, con escasez de duchas y de espacios comunes».

Aunque la Institución reconoce que la Administración ha realizado determinadas obras de mejora en alguno de estos centros, señala que «su estructura, configurada como calabozos policiales, hace especialmente aflictiva la privación de libertad que el internamiento supone».