Las declaraciones de Villalobos han provocado un aluvión de críticas.

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El anuncio de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, de una aplicación de los controles a las clínicas privadas tras la muerte de una mujer de 36 años en Madrid cuando iba a someterse a una liposucción ha provocado un aluvión de críticas. La responsable de política sanitaria del PSOE, Consuelo Rumí, cree que Villalobos se comporta de una manera «cínica» al asegurar que ahora se pondrán los mecanismos de control y por pedir a los pacientes que comprueben que las clínicas en las que se van a operar cumplen los requisitos.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), tras recordar que en España «no existe regulación ni control sobre el funcionamiento de los centros privados, a pesar de que la Ley de Sanidad lo señala como una competencia del Gobierno, y que las comunidades tienen también competencias al respecto», asegura que «la causa» de las «frecuentes» irregularidades «está en la desidia de las administraciones sanitarias». Esta «desidia» se concreta en que desde el Ministerio de Sanidad hasta las comunidades autónomas, las administraciones «no sólo tienen una normativa insuficiente, sino que además no ejercen las necesarias labores de inspección de los centros, clínicas y consultorios, que proliferan en el sector privado».

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, cree que la Administración «está actuando con negligencia» ante el problema, subrayando el hecho de que Sanidad no haya regulado antes. Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Guillermo Sierra, se mostró partidario de crear «un buen registro» de profesionales médicos, con información sobre cualificación y méritos, como una de las fórmulas a tomar junto con las administraciones competentes para garantizar a la sociedad «la mejor asistencia» en cualquier centro médico, evitando así que puedan volver a producirse hechos como el de la clínica ICEMA de Madrid.

La familia de Débora Catalán tiene pruebas de que se iba a someter a una liposucción y no a mesoterapia como alega el centro, según dijo su abogado. Ignacio Vázquez denunció además que la clínica carece de un quirófano adecuado. Mientras, la Junta de Andalucía ha detectado que la mayoría de las 16 clínicas de cirugía estética de Málaga inspeccionadas carecen de autorización para tal actividad, ya que sólo tenían permiso para medicina interna, y que en algún caso se hizo cirugía mayor como implante de mamas por médicos generales.