Los abogados de la Asociación de Víctimas de Negligencias
Sanitarias (Avinesa), mantuvieron ayer contacto con tres afectados
que estudian presentar una demanda contra el citado médico por su
presunta responsabilidad en los daños que sufrieron en operaciones
de pecho, pómulos y nariz. El otro caso es el de María del Carmen
Cerreduela Pisa, que ya había presentado una demanda contra
Serderowicz por las «secuelas» sufridas en una intervención de
cirugía estética de nariz hace más de diez años y que sigue a la
espera de una resolución judicial.
Estos casos se suman a los de la paciente fallecida el pasado
viernes tras someterse a una liposucción, intervención para reducir
la obesidad, y el de una joven modelo, que reclama una
indemnización por los daños producidos en un nervio de la cara en
el transcurso de una intervención de modelado de pómulos. Este
último caso, apunta Avinesa, se encuentra actualmente en la
Audiencia Provincial de Madrid tras haber recurrido la clínica.
El Colegio de Médicos de Madrid, que el pasado lunes abrió una
investigación sobre Gerardo Senderowicz, podría separar del
ejercicio de la profesión a ese doctor, que ya tiene otra
investigación pendiente. Se da la circunstancia de que el Colegio
abrió otra investigación a Senderowicz en 1997, a raíz de la
denuncia de una paciente descontenta con el resultado de la
intervención.
A pesar de que el denunciado llegó a un acuerdo privado con la
demandante, la Comisión Deontológica decidió que se había cometido
una falta contra el Código Etico y pasó el caso a la anterior Junta
Directiva, que designó a un instructor independiente que aún no ha
emitido su dictamen. La misma portavoz señaló que al Colegio no le
constaba que Senderowicz hubiera sido denunciado por otra paciente
en 1991, cuyo caso está pendiente de sentencia por la vía civil, y
por otra más en 1999, una demanda que está en trámite de apelación
en la Audiencia Provincial de Madrid.
Senderowicz obtuvo su título en 1990 en la Universidad de Buenos
Aires, según la Sociedad Española de Cirugía Cosmética, a la que
pertenece desde julio de 2000, pero hasta 1995, la Dirección
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y
Consumo no le concedió el derecho a ejercer «como médico de
medicina general». El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó
de las administraciones públicas una mayor «vigilancia y control»
sobre la legalidad de las clínicas de cirugía estética.
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