Según datos recopilados en el informe de Amnistía Internacional
(AI) 'España: Crisis de identidad-tortura y malos tratos por
motivos racistas a manos de agentes del Estado', presentado ayer en
Madrid y a nivel internacional en diversos países. Concretamente,
la organización ha investigado detalladamente 32 de estos casos, la
mayoría producidos en los dos últimos años, de los cuales 18
corresponden a víctimas de orígen marroquí. Por este motivo, el
acto se ha desarrollado en la sede de la Asociación de Trabajadores
Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME).
El informe relata detalladamente seis muertes de detenidos en
custodia, entre ellos, el conocido caso de Antonio Augusto Fonseca
Mendes, natural de Guinea-Bissau, que murió bajo custodia policial
en Lanzarote el 20 de mayo de 2000. Del mismo modo, describe otros
seis casos de violación o asalto sexual por parte de agentes del
Estado. La nacionalidad de las víctimas corresponde a 17 países
distintos, entre ellos Marruecos, Colombia, Nigeria, Perú, Argelia,
Brasil, Senegal, República Democrática del Congo, Ecuador, Gambia y
Costa Rica, así como otros ciudadanos españoles de minorías
étnicas, como gitanos, y ciudadanos de Francia y Estados
Unidos.
La investigadora de Amnistía Internacional para España, Gillian
Fleming, subrayó que existen dos razones concretas para focalizar
el informe en España como aranque una campaña internacional para
disminuir estas prácticas. Por un lado, que ocupa la presidencia de
la UE y debe por tanto impulsar las normas europeas contra el
racismo, y por el otro, que es una de las puertas de entrada de
inmigrantes hacia Europa. Sin embargo, criticó que el Gobierno no
reconozca la existencia de estos hechos.
Así, manifestó su sorpresa porque el Gobierno haya remitido a la
ONU y al Comité Internacional contra la Tortura dos informes en los
que asegura que los casos de racismo en España son aislados y que
han desaparecido las denuncias por esta causa, citando incluso
informes de Amnistía y del Defensor del Pueblo. «Estamos
desconcertados por esta declaración porque precisamente hemos
detectado un aumento de las denuncias por malos tratos a
inmigrantes. Tampoco menciona las declaraciones racistas que se
producen por parte de personajes públicos».
Miembros de una familia gitana con varios niños son torturados y
humillados en una comisaría de Madrid, donde han sido detenidos
ilegalmente. Este es uno de los casos que relata AI. El portavoz
del PP en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Ignacio
Gil-Lázaro, aseguró ayer que el informe de AI carece de rigor. De
otra parte, el Gobierno ha regularizado en los últimos 2 años a
428.924 inmigrantes extracomunitarios que se han acogido a alguno
de los cuatro procesos de legalización, lo que representa el 63'35%
de 676.985 solicitudes, según datos dados por el secretario de
Estado de Extranjería, Enrique Fernández Miranda.
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