El Gobierno de Melilla, integrado por PP, PSOE, Unión del Pueblo
Melillense y Grupo Mixto, aprobó ayer que la ciudad autónoma no
ejercerá el derecho de desamparo a los niños marroquíes que llegan
con la intención de ser acogidos porque «ya no tiene medios para
atenderlos», después de que el número de menores inmigrantes haya
aumentado un 78% en un año. La consejera de Bienestar Social,
Isabel Quesada (PP), dijo que no pueden proteger a los niños porque
«los centros están saturados y hay menores que duermen en colchones
en el suelo, y yo no entiendo la protección de un menor en estas
condiciones».
El Ejecutivo melillense formalizará mañana ante el Gobierno
central la renuncia a esta competencia y dará cuenta de ellas a
todos los estamentos implicados. Por tanto, los menores
indocumentados que lleguen a partir de ahora a Melilla no podrán
ser declarados desamparados e ingresados en uno de los cinco
centros de acogida de la ciudad, por lo que la consejera de
Bienestar Social afirmó que no sabe qué ocurrirá con estos niños,
sobre todo teniendo en cuenta que la medida aprobada ayer abre la
vía para su expulsión inmediata de Melilla, pero subrayó que
«Melilla ya no tiene medios humanos y materiales para atender a más
menores inmigrantes», que en la actualidad suman un total de 180,
la mayoría marroquíes.
Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda
(UPM), acusó a Marruecos de la situación que se vive en Melilla con
los menores porque, según aseguró, «este país no hace nada por
evitar que entren los niños» a la ciudad autónoma. Imbroda destacó
que Melilla, con 12 kilómetros cuadrados, «ya está al límite de su
ocupación» en la atención de menores inmigrantes y por tanto adopta
la decisión de no ejercer el derecho de desamparo porque «de lo
cotnrario tendríamos que convertir a la ciudad en una gigantesca
carpa donde meter a todos los niños que nos llegan desde los países
del Magreb».
Por otro lado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Juan José Imbroda (UPM), rechazó el informe elaborado por la
organización 'Human Rights Watch' (HRW) sobre la situación de los
menores extranjeros en Melilla, calificándolo de «tendencioso» y
estudia la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra esta
organización. Imbroda mostró su repulsa por la negativa y falsa
imagen que a nivel internacional se ofrece de Melilla al afirmarse
que «la ciudad vive del contrabando de drogas y del beneficio del
tráfico ilegal de inmigrantes a España».
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