Juan José Imbroda, presidente de Melilla, acusó a Marruecos de la situación.

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EUROPA PRESS-MELILLA El Gobierno de Melilla, integrado por PP, PSOE, Unión del Pueblo Melillense y Grupo Mixto, aprobó ayer que la ciudad autónoma no ejercerá el derecho de desamparo a los niños marroquíes que llegan con la intención de ser acogidos porque «ya no tiene medios para atenderlos», después de que el número de menores inmigrantes haya aumentado un 78% en un año. La consejera de Bienestar Social, Isabel Quesada (PP), dijo que no pueden proteger a los niños porque «los centros están saturados y hay menores que duermen en colchones en el suelo, y yo no entiendo la protección de un menor en estas condiciones».

El Ejecutivo melillense formalizará mañana ante el Gobierno central la renuncia a esta competencia y dará cuenta de ellas a todos los estamentos implicados. Por tanto, los menores indocumentados que lleguen a partir de ahora a Melilla no podrán ser declarados desamparados e ingresados en uno de los cinco centros de acogida de la ciudad, por lo que la consejera de Bienestar Social afirmó que no sabe qué ocurrirá con estos niños, sobre todo teniendo en cuenta que la medida aprobada ayer abre la vía para su expulsión inmediata de Melilla, pero subrayó que «Melilla ya no tiene medios humanos y materiales para atender a más menores inmigrantes», que en la actualidad suman un total de 180, la mayoría marroquíes.

Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda (UPM), acusó a Marruecos de la situación que se vive en Melilla con los menores porque, según aseguró, «este país no hace nada por evitar que entren los niños» a la ciudad autónoma. Imbroda destacó que Melilla, con 12 kilómetros cuadrados, «ya está al límite de su ocupación» en la atención de menores inmigrantes y por tanto adopta la decisión de no ejercer el derecho de desamparo porque «de lo cotnrario tendríamos que convertir a la ciudad en una gigantesca carpa donde meter a todos los niños que nos llegan desde los países del Magreb».

Por otro lado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (UPM), rechazó el informe elaborado por la organización 'Human Rights Watch' (HRW) sobre la situación de los menores extranjeros en Melilla, calificándolo de «tendencioso» y estudia la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra esta organización. Imbroda mostró su repulsa por la negativa y falsa imagen que a nivel internacional se ofrece de Melilla al afirmarse que «la ciudad vive del contrabando de drogas y del beneficio del tráfico ilegal de inmigrantes a España».