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Éstas son varias de las conclusiones del informe «Niños víctimas de abuso sexual y el procedimiento judicial» que presentó ayer la ONG en una conferencia de prensa y que se ha realizado tras entrevistar a numerosos expertos del mundo de la justicia y de los servicios sociales en el marco de un proyecto europeo que analizará la situación de diez países.

Una de las principales dificultades detectadas es que se trata de delitos sin testigos y que tan sólo en el 10 por ciento de los casos se encuentran evidencias físicas del abuso, por lo que la declaración del menor se convierte en única prueba.

Agrava esta situación el que, según los expertos, «el sistema judicial cree más en la retractación» del niño que en su primera versión de los hechos, sin investigar las causas de esa negativa posterior.

El proceso, que puede durar de seis meses a tres años y en ocasiones incluso seis, favorece precisamente que el niño no recuerde detalles o que incluso se retracte, con lo que el juicio no puede seguir. El menor además tiene que pasar una media de cinco entrevistas "policía, psicólogo forense, fiscal y en el propio juicio", un número «excesivo» que demuestra que los derechos del niño «quedan relegados a un segundo plano».

Save the Children denuncia también la falta de centros de referencia para la evaluación y el tratamiento de niños y agresores, que sólo existen en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco.