La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, durante su intervención.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, durante su intervención.

OTR PressMadrid23/06/04 0:00
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El Gobierno no aprobará el plan de choque de vivienda en junio, tal como estaba previsto, sino que dividirá en dos consejos de ministros su tramitación. Entre las medidas que se incluirán en el Plan de Vivienda para 2005-2008 están las ayudas directas a arrendador y arrendatario. La ministra ya anunció las correspondientes al inquilino, ayer afirmó que habrá ayudas directas al arrendador, al margen de las deducciones actuales contempladas en el IRPF.

Tras su intervención en un encuentro empresarial, Trujillo, que se había referido en el discurso a la «próxima» aprobación del plan de choque y al futuro Plan de Vivienda, no concretó fechas y explicó que el plan de choque, que ya se ha tratado en varios consejos de ministros, necesitará «probablemente» dos más para su aprobación. En el primero, que podría ser el del viernes, «no es previsible que se apruebe ninguna norma». En el momento en que se haya aprobado el plan de choque, el Ministerio comenzará a negociar con las autonomías el Plan de Vivienda. La negociación con las CC AA es necesaria para poner en marcha el Plan de Vivienda.

Según explicó ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en una primera reunión, que podría ser la de este viernes, se aprobará un acuerdo político. Pero la modificación del real decreto que regula el Plan de Vivienda actualmente en vigor, necesaria para que se eleven de 110.000 a 180.000 las actuaciones destinadas a proporcionar viviendas a otras tantas familias, se hará en un segundo consejo.

El plan de choque tendrá como «eje principal» aumentar de 110.000 a 180.000 las actuaciones en materia de vivienda protegida para 2004, 90.000 viviendas nuevas y 90.000 usadas, destinadas fundamentalmente a alquiler. La ministra explicó que su departamento trabaja con Hacienda para lograr la «neutralidad fiscal» en el IRPF entre el régimen de alquiler y el de compra, mediante la reducción progresiva de las bonificaciones fiscales al comprador y la introducción de deducciones al arrendatario.