La Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya podría
estar elaborando un borrador de ley para regular el sector de la
prostitución. El proyecto consistiría en prohibir el ejercicio de
la prostitución en la vía pública y limitarlo a locales
homologados. Por su parte, los empresarios del sector mostraron su
satisfacción por la medida.
La alternativa para ejercer la prostitución serían los locales
homologados, inspeccionados y aislados, alejados de zonas
residenciales. Las prostitutas, por su parte, deberían apuntarse al
censo «en libertad y sin ser coaccionadas por nadie», según la SER.
Según informó ayer la Cadena SER, la futura ley pretende
legalizar la actividad, confeccionar un registro de trabajadoras
del sector y sancionar o incluso detener a las prostitutas que
estén en la calle y la carretera. Esto se haría por razones de
seguridad víal, ya que, según Interior, los coches parados debido a
la presencia de prostitutas ponen en peligro al resto de
vehículos.
Fuentes de la Conselleria consultadas no desmintieron esta
información pero reiteraron que la Generalitat ya hace meses que
expresó «la necesidad de limitar la proliferación de la
prostitución», especialmente en la carretera y la vía pública.
Según la Conselleria, la propuesta legislativa todavía no está
terminada y requiere «amplios consensos y un debate sereno».
Por su parte, el abogado de la Asociación Nacional de
Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) en Catalunya, Manuel
Nieto, explicó que la propuesta le parecía «perfecta», ya que la
asociación se fundó con este objetivo prioritario.
Según Nieto, hay que regular esta actividad económica y aseguró
que el 80 por ciento de los ciudadanos quieren que la prostitución
no se ejerza en la calle. El representante de ANELA explicó que es
«de sentido común» que se regule tanto la actividad como los
locales que la albergan, ya que si no existiría un «vacío
legal».
Por esto, aseguró que la setentena de locales catalanes
afiliados a ANELA cumplen las medidas de seguridad e higiénicas
requeridas. Además, dijo que los empresarios del sector están
dispuestos a pagar impuestos pero quieren seguridad jurídica.
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